José Daniel Ferrer rechazó las medidas económicas anunciadas por la dictadura cubana: “No son reformas, son parches”

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y ex preso político, advirtió a Infobae que el paquete de medidas económicas anunciado el viernes por el dictador Miguel Díaz-Canel no constituye una reforma genuina, sino la repetición de un patrón que el régimen ejecuta desde hace más de seis décadas.

“Estas no son reformas, son parches. Y Cuba no necesita parches, necesita libertad“, afirmó Ferrer en comunicación con este medio. El dirigente opositor situó el anuncio de Díaz-Canel dentro de una secuencia histórica precisa: cada apertura económica del régimen fue proporcional a su desesperación del momento, y cada cierre llegó cuando recuperó margen de maniobra.

El dictador presentó el paquete ante los medios estatales con la consigna de que “son tiempos en que hay que cambiar”, aunque descartó que las medidas respondan a las presiones de Washington. Entre los anuncios figuran la incorporación de “nuevos actores” en el sector turístico —tras la retirada parcial o total de las principales cadenas extranjeras que buscan evitar sanciones estadounidenses—, una mayor autonomía para las empresas estatales en materia salarial y de comercio exterior, la eliminación de las importadoras estatales que operaban como intermediarias obligatorias, la liberalización parcial del sector agrícola y la apertura de más sectores a actores no estatales. Díaz-Canel también anunció que los cubanos residentes en el exterior tendrán las mismas condiciones de inversión que los habitantes de la isla, y que el aparato estatal se reducirá de 27 a 20 ministerios.

Para Ferrer, el problema no reside en el vocabulario de las medidas sino en su arquitectura. Mientras el Partido Comunista conserve el monopolio del poder y el sistema judicial dependa del mando político, ninguna norma escrita ofrecerá garantías reales. “El régimen quiere capital sin capitalismo, inversión sin derechos, empresarios sin independencia, mercado sin libertad y prosperidad sin propiedad segura”, señaló a Infobae. Agregó que en una dictadura de partido único la propiedad privada siempre está condicionada: el negocio existe mientras el régimen lo tolere, el emprendedor avanza mientras no reclame derechos ni desafíe al poder político.

El asalto a la propiedad: de 1959 a la Ofensiva Revolucionaria

Para comprender el alcance real de lo anunciado, Ferrer trazó ante Infobae una línea histórica que arranca en los primeros años de la revolución. La Primera Ley de Reforma Agraria, firmada el 17 de mayo de 1959, limitó la propiedad rural a 30 caballerías —unas 402 hectáreas— y creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que se convirtió en un instrumento político para concentrar poder en manos del nuevo régimen. Muchos campesinos recibieron tierra, pero el Estado tomó el control de la planificación, el crédito, los insumos, la comercialización y los precios.

La Segunda Ley de Reforma Agraria, de octubre de 1963, redujo el límite de la propiedad privada rural a cinco caballerías —unas 67 hectáreas—. Todo lo que excediera esa extensión pasó a manos del Estado, lo que liquidó no solo el latifundio sino también buena parte de la mediana propiedad agrícola cubana. El régimen ensayó luego varias fórmulas colectivas: las Cooperativas de Créditos y Servicios ataban a los pequeños agricultores al sistema estatal de crédito y comercialización; las Cooperativas de Producción Agropecuaria implicaban la entrega de las tierras a una forma colectiva; y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), creadas en los años 90 sobre antiguas granjas estatales, funcionaban bajo cuotas, precios impuestos y dependencia estatal, en la práctica una versión tropical de los koljoses y sovjoses soviéticos.

En las ciudades, el proceso fue igualmente sistemático. Primero fueron intervenidas grandes compañías, bancos, refinerías y centrales azucareros. Luego vino la nacionalización del comercio mayorista y de buena parte del aparato productivo. El golpe final llegó en 1968 con la llamada Ofensiva Revolucionaria: más de 55.000 pequeños negocios fueron nacionalizados o cerrados de un plumazo. Bodegas, barberías, cafeterías, talleres, zapaterías, puestos de comida, lavanderías, carpinterías y carnicerías desaparecieron bajo el argumento de combatir el “egoísmo” y la “mentalidad pequeño burguesa”. El principio rector que quedó, según Ferrer, fue uno solo: el ciudadano no podía prosperar por sí mismo; debía depender del Estado.

El ciclo de aperturas y cierres

Dentro del propio régimen hubo un debate temprano sobre el modelo a seguir. Ernesto “Che” Guevara defendía la centralización extrema, los estímulos morales y la formación del “hombre nuevo” desprendido del interés material. Carlos Rafael Rodríguez y otros cuadros prosoviéticos abogaban por métodos más cercanos al cálculo económico: empresas con contabilidad, cierta medición de costos y estímulos materiales. Fidel Castro osciló entre ambas visiones. Abrazó primero el voluntarismo guevarista y, tras el fracaso de la “zafra de los diez millones” en 1970, se acercó al modelo soviético clásico, dependiente del subsidio externo y la planificación central.

La primera apertura de cierta importancia llegó en 1980 con los mercados libres campesinos, que permitieron a productores privados y cooperativas vender excedentes agrícolas a precios de oferta y demanda. Funcionaron lo suficiente como para demostrar algo peligroso para el régimen: el mercado era más eficiente que la planificación comunista. Esa verdad resultó insoportable. En 1986, Fidel Castro lanzó el “Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas”, cerró los mercados campesinos, atacó los estímulos materiales y resucitó la retórica guevarista. El régimen no rectificó sus errores; bloqueó la mínima libertad económica que había tolerado.

La segunda gran apertura llegó en los años 90, forzada por la caída de la Unión Soviética. El “Período Especial” fue, a juicio de Ferrer, la confesión del fracaso estructural del modelo. Ante la amenaza de colapso, el régimen legalizó la tenencia de dólares, permitió el trabajo por cuenta propia en determinadas actividades, abrió mercados agropecuarios, autorizó los paladares con límites estrictos de sillas y empleados, impulsó el turismo internacional y aprobó la Ley de Inversión Extranjera de 1995. Pero aquello tampoco fue una reforma integral: el cuentapropista podía trabajar bajo licencias limitadas, impuestos asfixiantes y persecución constante. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela y comenzó a subsidiar al régimen cubano con petróleo y créditos, La Habana volvió a frenar la apertura. A partir de 2003 se reforzó la recentralización, se prohibió nuevamente el dólar en las transacciones internas y se redujeron los espacios al sector privado, recordó Ferrer.

Con Raúl Castro, desde 2008, llegó otra etapa de “actualización del modelo económico”: se habló de ampliar el trabajo por cuenta propia, entregar tierras ociosas en usufructo y permitir la compraventa de viviendas y automóviles. Pero el partido siguió mandando, la empresa estatal siguió declarada “principal actor” y los militares conservaron las áreas estratégicas de la economía. Los emprendedores quedaron atrapados entre permisos, inspectores, listas de actividades permitidas, ausencia de mercado mayorista y miedo permanente a una marcha atrás.

Las MIPYMES: el último ciclo antes del anuncio de Díaz-Canel

En 2021, bajo Díaz-Canel, el régimen autorizó las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (MIPYMES), más de medio siglo después de haber destruido la empresa privada nacional. La medida llegó tras las masivas protestas del 11 de julio, el mayor estallido social en décadas. Las MIPYMES demostraron rapidez para importar, distribuir y abastecer donde el Estado fracasaba. La respuesta del régimen no tardó: nuevas regulaciones, controles de precios, límites a márgenes de ganancia, restricciones al comercio mayorista e inspecciones. “El régimen solo concede pequeños espacios cuando se ve acorralado. Y cuando el escenario le resulta más favorable, retrocede”, afirmó Ferrer a Infobae.

El opositor subrayó que la crisis que empuja el actual anuncio es considerablemente más grave que las anteriores: colapso energético, desabastecimiento alimentario, inflación, éxodo masivo y protestas sociales sostenidas. Díaz-Canel reconoció ante los medios estatales que los cambios responden a “las exigencias de los tiempos actuales”, aunque insistió en que no se trata de ceder ante Washington. “El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos”, declaró el dictador.

La trampa estructural y el riesgo de un nuevo padrino

Ferrer advirtió a Infobae sobre un riesgo concreto que la historia respalda: si el régimen encuentra un nuevo sostén externo —China, Rusia u otro aliado ideológico dispuesto a subvencionarlo—, revertirá lo que hoy promete. El historial es preciso: cada apertura fue proporcional a la desesperación del momento y cada cierre llegó cuando apareció oxígeno externo. La lógica, dijo, no ha cambiado en más de seis décadas.

La raíz del problema, insistió el líder de la UNPACU, no es económica sino política y estructural. En Cuba no existe independencia de poderes: la Fiscalía, los tribunales, la policía, la Seguridad del Estado y la Asamblea Nacional responden al mismo mando político. Por eso, señaló, ningún inversor, ningún emprendedor y ningún cubano de la diáspora que decida invertir tendrá garantías reales, aunque el régimen escriba nuevas normas en papel.

La agricultura cubana, destruida por décadas de colectivización y control estatal, ilustra para Ferrer la magnitud del daño acumulado. Reclamó que las tierras sean devueltas a sus legítimos dueños o entregadas en propiedad plena a campesinos dispuestos a hacerlas producir, con libertad para sembrar, vender, importar insumos —maquinarias, fertilizantes, semillas, tecnología— y exportar sin intermediarios estatales ni permisos políticos. Las medidas anunciadas por Díaz-Canel contemplan acceso directo a insumos y participación en el mercado cambiario para los productores agrícolas, pero no modifican la estructura de propiedad de la tierra.

Los modelos que Cuba no sigue

Para Ferrer, los países que salieron del comunismo o del estatismo extremo no lo lograron con reformas cosméticas. Polonia estabilizó su moneda, liberalizó precios, abrió el comercio, privatizó empresas y construyó instituciones democráticas. Estonia apostó por propiedad privada, apertura comercial, impuestos simples, digitalización, seguridad jurídica e integración europea. La República Checa avanzó con privatizaciones, restitución de propiedades, disciplina monetaria y reconstrucción institucional. El opositor cubano rechazó que China o Vietnam puedan servir de modelo válido: usarlos como referencia, dijo, es una excusa para mantener una dictadura de partido único con barniz de apertura económica.

Lo que Cuba necesita, según Ferrer, es una economía de mercado competitiva con propiedad privada protegida constitucionalmente, contratos respetados, tribunales independientes, libertad de empresa, acceso libre a importaciones y exportaciones, banca funcional, moneda creíble y un Estado limitado por la ley. A eso debe sumarse, dijo, una reforma política total: pluralismo, libertad de prensa, libertad sindical y elecciones libres. Sin esos pilares, cualquier medida económica será, en sus palabras, “una trampa o una ilusión”.

El monopolio de las empresas estatales —que Ferrer señaló como responsables de décadas de improductividad, corrupción e ineficiencia— debería desmantelarse, con sus activos transferidos al sector privado, a cooperativas reales o a emprendedores e inversores capaces de producir y competir. El anuncio de Díaz-Canel prevé mayor autonomía para esas mismas empresas estatales, pero no su privatización ni su disolución.