El Tribunal Supremo de Brasil condenó a Eduardo Bolsonaro por coacción a la justicia

El Tribunal Supremo de Brasil condenó a cuatro años y dos meses de cárcel a Eduardo Bolsonaro por coacción a la justicia al concluir que, como exdiputado e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, intentó influir en procesos judiciales vinculados a su padre mediante gestiones ante autoridades de Estados Unidos, incluidas reuniones y pedidos directos al presidente Donald Trump para imponer sanciones contra jueces del Supremo Tribunal Federal y contra el propio país.

Además de la condena de cárcel, que se cumpliría en régimen semiabierto, la alta corte le impuso una multa de 100 salarios mínimos, lo que equivale a 162.100 reales (unos 31.700 dólares).

La decisión surgió del análisis de pruebas y declaraciones del propio Eduardo Bolsonaro, quien en entrevistas y videos admitió que se trasladó a Estados Unidos en febrero de 2025 con el objetivo de intervenir ante la Casa Blanca y presionar por sanciones en un contexto marcado por las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

La Primera Sala del Tribunal Supremo dictó una condena unánime, con los jueces Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino a favor. El magistrado relator Alexandre de Moraes sostuvo que las acciones de Eduardo Bolsonaro excedieron la actividad política y constituyeron una amenaza grave a las instituciones judiciales y al Estado brasileño.

Moraes afirmó que ningún diputado federal tiene entre sus funciones hacer lobby en el exterior contra su país y que las gestiones internacionales del acusado buscaron incidir de manera ilícita en los procesos judiciales para favorecer los intereses de su padre, quien ya había sido condenado por el Tribunal Supremo por el intento de golpe de Estado.

Los jueces consideraron configurado el delito de coacción al constatar presiones y amenazas graves dirigidas a magistrados y al propio Estado, en particular mediante la articulación de sanciones internacionales como la Ley Magnitsky, que se aplicó en represalia por sentencias dictadas contra Jair Bolsonaro.

La decisión también consideró que la presión buscó extenderse más allá de los magistrados individuales, al apuntar contra Brasil como Estado a través de sanciones internacionales.

La defensa sostuvo que no existió coacción porque el exdiputado no tenía capacidad de decisión sobre eventuales sanciones y que su actividad se limitó a la interlocución política. También planteó que, en ese marco, debía prevalecer la libertad de expresión.

El tribunal rechazó esa interpretación y consideró que el tipo penal quedó configurado por la naturaleza y gravedad de las presiones atribuidas, con foco en el efecto intimidatorio que, según el fallo, buscaban producir sobre la actuación jurisdiccional.

En esa línea, la corte descartó los pedidos de nulidad y mantuvo la validez del procedimiento.

La condena impuesta a Eduardo Bolsonaro contempla una pena que puede alcanzar hasta cuatro años de prisión. El exdiputado permanece en Estados Unidos, mientras su defensa reiteró que sus gestiones no constituyeron coacción ni representaron un peligro real para las instituciones.

La sentencia tuvo impacto inmediato en el escenario político brasileño, donde la familia Bolsonaro mantiene presencia a través de Flávio Bolsonaro, hermano de Eduardo y candidato presidencial.

(Con información de EFE y CNN Brasil)