Costa Rica enfrenta un mercado negro de armas cada vez más complejo, alimentado por robos, contrabando, piezas modulares e impresión 3D, en un contexto en el que más del 77% de los homicidios de la década 2014-2024 se cometieron con armas de fuego, de acuerdo con el Informe 2025 de la Fundación para la Paz y la Democracia.
Esa combinación, según la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia, amplía el acceso del crimen organizado a armamento de mayor letalidad y convierte el fenómeno en un problema de seguridad nacional.
El mismo informe de FUNDEPAM señala que cerca del 50% de las víctimas de esa violencia fueron jóvenes y menores de edad. También registró un aumento de víctimas colaterales: personas inocentes heridas o muertas en espacios públicos por el uso indiscriminado de armas de alto poder.
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La encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, explicó que el mercado ilegal debe entenderse como un sistema interconectado de abastecimiento.
Según Jiménez, ese circuito se nutre de armas robadas, de limitaciones en la fiscalización del armamento de las empresas de seguridad privada, de armas que ingresan desarmadas por partes y se ensamblan en el país, de armas hechizas elaboradas incluso con impresión 3D y de armamento que entra por vía marítima, aérea y terrestre.
Los vacíos legales permiten que armas registradas terminen en circuitos criminales
Jiménez sostuvo que los vacíos normativos han permitido que armas legales terminen en manos del crimen organizado. La académica afirmó que, en muchos casos, cuando un portador civil pierde o “extravía” su arma y no presenta la denuncia respectiva, la sanción se limita a una multa, sin consecuencias judiciales.
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La especialista agregó que incluso se han documentado situaciones en las que armas vinculadas a delitos violentos son devueltas a sus propietarios originales.
A criterio de Jiménez, esa debilidad en los controles facilita que armas y municiones inscritas legalmente pasen después a circuitos ilegales.
El diagnóstico identifica cinco fuentes principales del mercado negro en Costa Rica. Se trata de armas sustraídas a portadores civiles u oficiales de seguridad, armas legales negociadas por civiles que las alquilan o venden, tráfico internacional por rutas marítimas, terrestres y aéreas, armas artesanales fabricadas con impresión 3D y componentes metálicos, y armas modulares cuyas piezas llegan por separado en contenedores o paquetes para ser ensambladas dentro del país.
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Ese último mecanismo dificulta la detección en aduanas, según la explicación de la académica de la UNED. La especialista también advirtió que la ausencia de límites sobre la cantidad de munición que una persona puede adquirir de forma legal constituye otro vacío, porque permite un abastecimiento amplio y sostenido que puede alimentar el uso de armas ilegales.
Las pistolas modificadas elevan la letalidad y exponen a civiles y policías
Jiménez advirtió que el uso de armas modificadas para disparar en ráfaga ha elevado la letalidad de los hechos violentos. Según la académica, esas armas son portadas por personas sin capacitación que no saben controlarlas y que actúan de forma impulsiva y poco planificada.
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La especialista detalló el alcance del riesgo con una advertencia concreta: “Esto aumenta los riesgos de víctimas colaterales no solo en el sitio donde acontece el evento, sino que el riesgo se extiende a un perímetro de hasta 1 kilómetro de distancia, trayectoria que podría tener un proyectil, y que dependiendo de la letalidad incluso hasta podría incluso traspasar infraestructuras”.
La consecuencia, según Jiménez, no se limita a los enfrentamientos entre estructuras criminales. También alcanza a los oficiales de policía, que enfrentan un riesgo elevado en el cumplimiento de sus funciones frente a organizaciones que acceden a armamento de alto poder, más letal y más sofisticado.
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La académica precisó que “si bien son pocos los casos en los que armas legalmente inscritas se vinculan con hechos delictivos, es necesario revisar la normativa vigente ante nuevas dinámicas criminales que podrían estar aprovechando vacíos legales”. Su planteamiento, añadió, no apunta a medidas prohibicionistas sino a una revisión integral del marco legal y a una política pública basada en evidencia científica y coordinación interinstitucional.
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