Cabildos en La Paz y Sucre exigen a Rodrigo Paz dictar estado de excepción tras más de un mes de bloqueos

Dos cabildos simultáneos celebrados en las ciudades de La Paz y Sucre coincidieron en exigir al Gobierno del presidente Rodrigo Paz dictar estado de excepción en Bolivia para enfrentar la crisis generada por los bloqueos que tienen paralizado el país desde hace más de un mes.

En La Paz, una concentración reunió a ciudadanos que se declaran afectados por las medidas de presión impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas. Los participantes aprobaron una serie de resoluciones entre las que destacan, además de la solicitud del uso de la fuerza para levantar los piquetes, el pedido de renuncia de los dirigentes sociales que impulsan las protestas y la aprehensión del expresidente Evo Morales (2006-2019), que enfrenta una orden de captura por una investigación de trata de personas agravada y a quien el Gobierno responsabiliza por las protestas.

En paralelo, en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia, otro cabildo impulsado por organizaciones cívicas aprobó resoluciones similares. Los asistentes exigieron el desbloqueo inmediato de las carreteras, la restitución de la libre circulación y la adopción de todas las medidas legales disponibles para restablecer el tránsito.

Cuando se cumplen 35 días de bloqueos, la población está cansada por el costo social que implican: desabastecimiento de alimentos, encarecimiento de productos básicos e irregularidades en el suministro de combustible. En La Paz, lugar donde confluyen las protestas y ha sido escenario de enfrentamientos violentos, la afectación es aún mayor: interrupciones en el servicio de transporte público, de recojo de la basura y de algunos servicios médicos por la falta de oxígeno medicinal debido al cerco.

A este escenario se suman las pérdidas económicas de sectores estratégicos como el transporte, la industria o el turismo. Aunque las cifras varían según las fuentes, la estimación de la pérdida económica ronda los 2.000 millones de dólares, lo que equivale a casi el 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

La semana pasada, el Congreso aprobó una ley que regula los estados de excepción y da al presidente el marco legal para suspender temporalmente ciertos derechos y ordenar la intervención del Ejército. Con esta norma, el Ejecutivo solo debe emitir un decreto y esperar la aprobación de la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas.

Aunque muchos temen que la medida suponga un baño de sangre o que sea insostenible debido a las limitaciones de las fuerzas del Estado, los pedidos para implementar un estado de excepción son crecientes.

“Estamos pidiendo al Gobierno nacional una solución definitiva, son 39 días que estamos en bloqueos en el país; por lo tanto, el departamento le está exigiendo dar soluciones de manera definitiva”, indicó el presidente del Comité Cívico de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca), Cliver Pérez, en el cabildo de Sucre. Agregó que “si esto se puede lograr a través del diálogo, que así se realice”, pero “que si es necesario un Estado de excepción, la población le da su respaldo”.

La respuesta del Gobierno ha sido ambigua al respecto. El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, ha manifestado que la medida “será tratada cuando corresponda” y ha seguido la línea del presidente, que aboga por un diálogo que hasta ahora no se materializa.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas han fallecido por falta de atención médica oportuna o a causa de los bloqueos y otras tres han muerto en episodios de violencia relacionados al conflicto. También se han reportado al menos 37 heridos y más de 350 arrestados.