Filas interminables y días de espera en Bolivia: la escasez de gasolina paraliza ciudades tras seis semanas de bloqueos

Filas de varios kilómetros y esperas de hasta cinco días rodearon las estaciones de servicio en La Paz y otras ciudades de Bolivia durante la sexta semana consecutiva de bloqueos. Conductores de autobuses, camiones y vehículos particulares ocuparon avenidas y autopistas y convirtieron los alrededores de las gasolineras en campamentos improvisados, en medio del cansancio y la tensión por la falta de certezas sobre el abastecimiento.

En la autopista que conecta La Paz y El Alto, centenares de vehículos bloquearon la ruta y quemaron neumáticos para exigir la llegada de cisternas. Las filas se extendieron por más de tres kilómetros y se multiplicaron en distintos barrios.

La situación también golpeó a quienes dependen del vehículo para trabajar. Fabiola Coyo, encargada de repartir mercadería, instaló una carpa para resistir el frío nocturno mientras aguardó turno para cargar gasolina. María René Mita, otra vecina de La Paz, esperó dos jornadas para conseguir cinco litros, destinados a la motocicleta de su esposo, repartidor a domicilio. “Cada día nos dicen que va a llegar”, señaló a EFE, al recordar que la semana previa también pasó la noche a la intemperie sin lograr abastecerse.

El conflicto se originó tras el inicio de bloqueos de ruta impulsados por sectores sindicales, la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas del altiplano, que exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los cortes se extendieron a rutas estratégicas y generaron desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y combustible.

Las protestas comenzaron con reclamos salariales y mejoras en las condiciones de vida, y luego sumaron la exigencia de salida del mandatario. Se intensificaron tras la promulgación de la Ley 1740, que regula los estados de excepción y habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas para el control interno.

Bajo este contexto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló en un acto público que la respuesta estatal sería “institucional, democrática y de Estado”, y que las Fuerzas Armadas actuarían con “legalidad, disciplina y serenidad”. Justiniano atribuyó parte de las protestas a intereses criminales y estructuras asociadas al narcotráfico, y sostuvo que el conflicto superó el marco de una disputa política interna. “La protesta pacífica es un derecho, la violencia es un delito”, afirmó, y remarcó la prioridad de resguardar la vida y la Constitución.

La ola de bloqueos y protestas derivó en episodios de violencia. En San Julián, seis policías resultaron heridos por armas de fuego. El gobierno reportó 13 fallecimientos vinculados a la imposibilidad de acceder a servicios médicos y a enfrentamientos directos en el contexto de la crisis. Ambulancias quedaron varadas en las rutas, pacientes en estado crítico no recibieron atención oportuna y se interrumpieron tratamientos médicos esenciales. El Ministerio de Salud reclamó el cese inmediato de los bloqueos.

Las pérdidas acumuladas en diversos sectores productivos superaron los USD 2.340 millones desde el inicio de las movilizaciones, según estimaciones oficiales. A nivel político, el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley sobre estados de excepción y advirtió que los manifestantes “tienen los días contados”, sin precisar plazos ni estrategias.

En paralelo, el ex presidente Evo Morales, a quien el gobierno identificó como impulsor de las movilizaciones, desafió públicamente a las autoridades y acusó al Ejecutivo de seguir directrices extranjeras.

El conflicto en Bolivia no muestra señales de resolución inmediata. Los piquetes se distribuyeron en al menos seis departamentos y el número de bloqueos superó los 80. Mientras el gobierno insiste en mantener abiertos los canales de diálogo, la población continúa enfrentando largas esperas, desabastecimiento y un clima de incertidumbre.

(Con información de EFE)