El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este miércoles que la crisis política y social que atraviesa el país “está llegando al límite” y advirtió que podría recurrir a mecanismos extraordinarios para contener las protestas que desde hace semanas paralizan distintas regiones y exigen su renuncia.
“El país necesita orden y esto está llegando al límite (...) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo”, declaró el mandatario durante un acto realizado en La Paz, donde presentó un espacio de discusión sobre medidas económicas y sociales.
Bolivia enfrenta desde hace casi un mes una ola de bloqueos y movilizaciones impulsadas por organizaciones campesinas, sindicatos obreros y sectores del transporte que inicialmente reclamaban respuestas frente a la crisis económica y que luego pasaron a exigir la salida del presidente.
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Las protestas se concentran principalmente en La Paz y El Alto, donde el desabastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos comenzó a impactar de forma severa sobre la población.
La tensión política aumentó después de que el Congreso eliminara las restricciones legales que limitaban la posibilidad del Ejecutivo de declarar estados de excepción. La modificación habilita al gobierno a utilizar a las Fuerzas Armadas en conflictos internos y aplicar restricciones sobre reuniones y circulación.
“El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”, afirmó el mandatario boliviano.
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Pese a las amenazas de mayores controles, las movilizaciones continuaron durante toda la jornada. Miles de mujeres campesinas indígenas marcharon por el centro paceño en coincidencia con el Día de la Madre en Bolivia. Muchas portaban banderas indígenas y cacerolas vacías como símbolo de la crisis económica.
“No tenemos miedo morir. Vamos a dar nuestras vidas por defender (...) ya le hemos dicho al gobierno que alisten sus maletas y que se vaya”, dijo la dirigente campesina Marta Poma Luque durante la manifestación.
La protesta se unió además con una huelga de transportistas que mantiene parcialmente paralizado el servicio de transporte público en varias zonas de la capital boliviana.
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En medio de las marchas, algunos dirigentes pidieron evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. “La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades”, declaró el manifestante Froylán Choque.
Mientras tanto, el vicepresidente Edmand Lara, enfrentado políticamente con Paz, intentó impulsar una instancia paralela de diálogo con representantes de los sectores movilizados. Sin embargo, el encuentro tuvo escasa participación y solo contó con representantes de la Iglesia Católica y de la Defensoría del Pueblo.
Escasez, inflación y pérdidas millonarias
El conflicto comenzó a afectar seriamente el abastecimiento en varias regiones del país. En hospitales de La Paz ya se registran problemas para conseguir medicamentos e insumos médicos.
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“Los medicamentos están subiendo o hay otros que se están acabando”, declaró Zulma Hinojosa, madre de un niño con problemas cardíacos y respiratorios que recibe tratamiento en un hospital paceño.
El Gobierno calcula que las pérdidas económicas provocadas por los bloqueos alcanzan los 600 millones de dólares. Bolivia atraviesa además una profunda crisis financiera desde 2023, marcada por la escasez de divisas, el deterioro de las reservas internacionales y una inflación cercana al 15%.
Paz comparó el impacto de la crisis actual con la pandemia. “Es peor que el covid”, sostuvo al referirse al desabastecimiento y al aumento de precios que afectan especialmente a La Paz y El Alto.
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En un intento por reducir la tensión social, el mandatario anunció días atrás que reducirá a la mitad su salario mensual. La medida, sin embargo, no logró frenar las protestas.
“Estamos hartos con este presidente (...) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana”, dijo la manifestante Delta Salinas.
El gobierno acusa al ex presidente socialista Evo Morales de impulsar los disturbios desde la región del Chapare, donde permanece refugiado mientras enfrenta una causa judicial por presunta trata de una menor. Morales exige que el Ejecutivo convoque nuevas elecciones en un plazo de 90 días.
(Con información de AFP)
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