El Gobierno de Bolivia aclara que la reducción salarial en el Ejecutivo será un “aporte voluntario”

La reducción salarial que anunció el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para él y sus ministros será un aporte voluntario a un fondo común, según explicó el ministro de Economía y Finanzas Públicas José Gabriel Espinoza.

“Voluntariamente vamos a retornar, vamos a devolver, el 50% de nuestro salario de tal manera que esto se pueda destinar a proyectos de salud y educación con toda la transparencia necesaria”, explicó Espinoza en un programa televisivo de Red Uno.

El jefe de Estado había manifestado el 25 de mayo en un acto cívico en Sucre: “Quiero avisarles que este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del compromiso con el país, de rebajarse el salario 50%”, afirmó en un acto cívico en Sucre, la capital del país.

Aunque Paz manifestó que no se iba a “perjudicar a otras áreas ni a los profesionales”, su anuncio abrió interrogantes debido a que una ley vigente establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, lo que provocó dudas sobre la aplicación general de la reducción de sueldos en el ámbito público.

Espinoza aclaró que la medida, al ser voluntaria y hacerse sobre el salario percibido, no afecta la escala salarial del Estado. “Lo que vamos a hacer internamente es que cada ministro renuncia, a partir de una resolución ministerial y en el caso del presidente a partir de una resolución del Ministerio de la Presidencia, al 50% de su salario”, explicó Espinoza.

“Vamos a destinar esto a un fondo para temas de salud y educación”, agregó el ministro, quien considera la decisión del gabinete como una señal de austeridad. Según su cálculo, el ahorro anual será 3,7 millones de bolivianos (unos 370 mil dólares).

El sueldo del presidente de Bolivia ronda los 25.000 bolivianos, equivalente a 2.500 dólares, y es uno de los más bajos de la región. Con el descuento caerá a poco más de 1.200, lo que equivale a casi cuatro veces el salario mínimo nacional.

La decisión de Paz y sus ministros se dio en medio de una ola de conflictos sociales que exigen la renuncia del presidente. La medida de presión, que inició hace más de un mes con demandas sindicales de aumento salarial y en rechazo a una ley que permitía modificar la categorización de las tierras, derivó rápidamente en pedidos de dimisión.

La Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz cortó el 6 de mayo algunas carreteras de la región andina del país y progresivamente sumó el apoyo de otros sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana, el movimiento indígena Ponchos Rojos y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que masificaron las protestas y subieron la presión contra el gobierno.

Este miércoles, cuando inicia la cuarta semana de bloqueos, se registran 70 piquetes en todo el país, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, cuya capital lleva varias semanas cercada y enfrenta desabastecimiento de alimentos, escasez de combustible y encarecimiento de productos básicos.

La administración de Paz implementó esta jornada un Consejo Económico y Social, una instancia de diálogo con carácter consultivo, que incluye a sectores sociales en la toma de decisiones públicas, como parte de la política de diálogo con la que busca resolver el conflicto.

En paralelo, el presidente promulgó la abrogación de una ley que regulaba los estados de excepción —al poner límites y establecer sanciones de incumplimiento—, pero que facultaba a la Asamblea Legislativa a rechazar, modificar o cesar la medida en cualquier momento de su vigencia.

Para el analista y consultor político Carlos Saavedra el país entró en un momento de “decisiones definitivas” y se plantean dos escenarios: el diálogo, que ve cada vez más difícil por la multiplicidad de actores y la radicalidad de los reclamos, y un estado de excepción en el que los movilizados tendrán que enfrentar las fuerzas del Estado.

“La única posibilidad es que este sea un gobierno de pactos en muchos niveles. Sin pactos no va a haber posibilidad de gobernar”, afirmó Saavedra en diálogo con Infobae.