El gobierno de Bolivia denunció la presencia de grupos armados en las protestas contra Rodrigo Paz

Miles de seguidores del expresidente boliviano Evo Morales ingresaron este lunes al centro de La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras el gobierno denunció la presencia de grupos armados entre los manifestantes y registró la cuarta muerte desde el inicio de las protestas, que ya acumulan 16 días de bloqueos en los accesos a la capital.

El portavoz presidencial José Luis Gálvez confirmó el deceso del dirigente campesino Alberto Cruz Chinche, identificado como mallku —término aimara para líder comunitario— de los llamados Ponchos Rojos. Según Gálvez, Cruz Chinche cayó en una zanja que los propios bloqueadores habían excavado en la zona. “Queremos ser enfáticos en que su deceso no fue por uso de arma letal o asfixia por gases. Ni siquiera tuvo contacto con ningún miembro de las fuerzas del orden”, declaró el vocero.

Cruz Chinche es la cuarta víctima desde que comenzaron los cortes de ruta. Las anteriores fueron Anna Enss, ciudadana de Belice de 56 años que murió por problemas de salud al no poder ser trasladada a un hospital; Nelly Villanueva, fallecida en circunstancias similares; y una joven de 20 años cuya muerte se informó el 14 de mayo en El Alto.

Gálvez mostró ante los medios un video difundido en redes sociales en el que aparece una veintena de supuestos integrantes de los Ponchos Rojos en una carretera andina exhibiendo armas y gritando “ahora sí, guerra civil”. El vocero señaló a Bernabé Gutiérrez Paucara, exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa durante la gestión anterior, como “presidente del comité de conflicto” de esa facción y lo acusó de haber instado a los manifestantes a unirse a la marcha “con todas las armas posibles”.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, advirtió que quienes porten armas o dinamita serán detenidos por las fuerzas de seguridad. En ese marco, informó que la noche del domingo fue arrestado un excandidato que llevaba en su mochila dinamitas y mechas. Por disposición del Código Penal, las autoridades se negaron a revelar su identidad, aunque Paredes precisó que fue capturado en flagrancia.

El viceministro también señaló que en las zonas de bloqueo circulan grandes sumas de dinero procedentes del Chapare —feudo cocalero de Morales— y que ya se investiga su origen. Paredes calificó la movilización como “una conspiración en el límite de la legalidad” y sostuvo que constituye “un intento de Evo Morales de volver a ser Gobierno de la manera más antidemocrática que uno puede imaginar”.

La columna principal, que según Paredes superaba las diez mil personas, descendió desde distintos barrios de El Alto tras seis días de caminata desde el altiplano. Está integrada por cocaleros, campesinos, integrantes de los Ponchos Rojos y contingentes convocados por la Central Obrera Boliviana (COB). A su paso, habitantes de El Alto se sumaban a la marcha al grito de “¡Que renuncie!”, en referencia a Paz. Otras dos columnas, de juntas vecinales y de campesinos, también convergían hacia el centro paceño.

La plaza Murillo —donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el Parlamento— amaneció resguardada con varios cordones policiales, barricadas y carros antidisturbios. Gálvez confirmó que el presidente Paz se encontraba en la Casa Grande del Pueblo y que el operativo de seguridad incluye un fuerte contingente policial y militar en el perímetro.

Paz llegó al poder en noviembre pasado, poniendo fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Sin partido propio ni mayoría en el Legislativo, heredó lo que él mismo describió como “un país quebrado”. Entre sus primeras medidas eliminó los subsidios a los combustibles, lo que encareció el costo de vida, y según expertos citados por los cables lleva retraso en los ajustes necesarios para revertir la peor crisis económica de los últimos 40 años.

El gobierno optó por el diálogo y cerró acuerdos con varios sectores —entre ellos mineros cooperativistas, maestros y organizaciones laborales regionales de El Alto—, pero rechazó negociar con los seguidores de Morales. Paz ordenó que policías y militares actúen como fuerzas “disuasivas, sin armamento”. Las organizaciones empresariales, en cambio, le exigieron mayor firmeza: estiman que los bloqueos generan pérdidas superiores a USD 50 millones diarios y que unos 5.000 vehículos permanecen varados en las carreteras.

Morales alienta las protestas desde su bastión cocalero del Chapare, donde desde 2024 evade una orden de detención por no presentarse ante la justicia para responder por el presunto abuso de una menor en 2016. El lunes pasado se sumó un segundo pedido de arresto por la misma causa. Sus seguidores tomaron el control de una pista de aterrizaje en la región —que no opera vuelos comerciales— para resguardarlo ante el temor de que sea capturado.

En el plano internacional, el gobierno de Paz recibió el respaldo de Estados Unidos y de varios países latinoamericanos. Rechazó las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó la situación boliviana como una “insurrección popular”. Los cortes de ruta, concentrados principalmente en el departamento de La Paz pero con afectaciones también en Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, han dejado mercados desabastecidos, combustible escaso y hospitales sin suministros en la capital.

(Con información de EFE, Europa Press y AP)