
Luego de no llegar a un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), este lunes el gobierno ingresó con suma urgencia a la Cámara de Diputados su propuesta de reajuste al sueldo mínimo que contempla un alza de $539.000 a $546.546 (USD 603), es decir, $7.546 (USD 8), cifra que fue calificada por la oposición en pleno como “impresentable” y defendida por el oficialismo, desde donde la consideraron “realista”.
El incremento tiene relación directa con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el primer trimestre de este año (1,4%), y de ser aprobado comenzará a regir de manera retroactiva a partir del 1 de mayo pasado.
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De acuerdo al documento ingresado, el objetivo del Ejecutivo es “mantener el poder adquisitivo de las familias”, en el contexto de una economía que muestra señales de debilidad con una tasa de desempleo entre enero y marzo de este año de 8,9% -“entre los más altos de América Latina”-, y el encarecimiento de los costos laborales tras los reajustes previos al ingreso mínimo mensual, la Ley 40 Horas que redujo recientemente la jornada de 44 a 42 horas, y el aumento de cotizaciones derivado de la reforma de pensiones con cargo al empleador.
Las reacciones
Como era de esperar, la propuesta del gobierno no cayó nada bien en la oposición y uno de los primeros en salir a fustigarla fue el diputado Boris Barrera (PC), quien señaló que “me parece impresentable que el gobierno se haya cerrado a negociar o a seguir negociando con la CUT un incremento mayor, considerando el alza en el costo de la vida producto del precio de los combustibles y también lo que se proyecta hasta fin de año de incremento del IPC”, según consignó BioBíoChile.
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“Estos 7.000 y fracción ni siquiera van a alcanzar a cubrir lo que va a subir el costo de la vida de aquí a la próxima negociación del año 2027”, agregó.
De la misma opinión fue su par del Frente Amplio, Jorge Brito, quien sostuvo que “la propuesta del gobierno choca con la realidad de los trabajadores que verían afectada su capacidad para llegar a fin de mes”.
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“La propuesta hecha es menor que el aumento del costo de la vida que se proyecta para los próximos meses producto de la mala decisión de no inyectar recursos al MEPCO, y con eso contener el aumento del precio de los combustibles”, subrayó el legislador.
De paso, aseguró que “la propuesta es distinta de la que se ha considerado como base de cálculo para todo el informe financiero del Proyecto de Reconstrucción Nacional y, en consecuencia, solo acrecienta las dudas respecto al ministro de Hacienda y su prolijidad para el manejo de las finanzas públicas”, cerró Brito.
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Desde la otra vereda política, el diputado Stephan Schubert (Rep), retrucó que “el reajuste del ingreso mínimo tiene que llevarse adelante con realismo, con la situación actual en la que nos encontramos hoy como país, con una situación crítica en materia financiera del Estado, con precios que están al alza producto de la guerra y de la situación también fiscal que impide mejorar a través de subsidios u otras ayudas”.
“Eso está tensionando a los mercados, eso está tensionando a los empleadores, quienes tienen además un costo de contratación más alto que antes y tenemos una productividad baja”, razonó.
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Debido a esto, “tenemos que velar por cuidar el empleo, por cuidar a los empleadores, por supuesto por cuidar también a los trabajadores y espero que en el tenor de la realidad, podamos llevar adelante estas conversaciones”, complementó Schubert.
Finalmente, la diputada Paulina Muñoz (PNL) cuestionó la “representatividad” de la CUT y manifestó que pedir “$637.000 (USD 703) como sueldo mínimo, quiere decir que están completamente desconectados con la realidad (...) La medida del Ejecutivo es bastante aterrizada y realista para lo que estamos viviendo hoy”, remató.
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