Los grupos criminales que se disputan la cocaína y la minería ilegal en la frontera entre Ecuador y Colombia

La frontera entre Ecuador y Colombia dejó de ser hace tiempo una línea geográfica para convertirse en un espacio estratégico en disputa. Selvas, ríos y pasos clandestinos conectan dos países atravesados por dinámicas distintas pero complementarias: de un lado, regiones colombianas con alta producción de cocaína; del otro, puertos ecuatorianos convertidos en plataformas clave para exportarla hacia Estados Unidos y Europa. En medio, una red cada vez más compleja de organizaciones criminales que operan con lógicas transnacionales.

El más reciente reporte de la organización InSight Crime, actualizado entre 2025 y 2026, identifica al menos 12 estructuras activas en esta zona, en un escenario marcado por la fragmentación, la violencia y la cooperación entre actores que, en otros contextos, serían rivales. El documento describe un fenómeno que ya no puede explicarse como narcotráfico tradicional: se trata de un ecosistema criminal integrado que articula producción, transporte, protección armada y exportación.

En el corazón de ese sistema están los Comandos de la Frontera, una estructura nacida de disidencias de las antiguas FARC que hoy ejerce control territorial en amplias zonas de Putumayo y áreas limítrofes con Ecuador. Según el informe, este grupo no solo participa en la producción de cocaína, sino que regula la vida cotidiana en comunidades rurales mediante normas propias, cobros extorsivos y presencia armada permanente.

Su rol es clave porque conecta la producción con las rutas de salida. En términos operativos, funcionan como una autoridad de facto en territorios donde la presencia estatal es limitada o inexistente. Controlan cultivos, laboratorios y corredores, y establecen alianzas tácticas con actores ecuatorianos para asegurar la continuidad del negocio.

Del lado ecuatoriano, el mapa criminal está dominado por bandas que han evolucionado desde estructuras locales hacia organizaciones con alcance internacional. Entre ellas destacan Los Choneros, considerados durante años la principal organización del país. Aunque debilitados tras la muerte de su líder histórico, mantienen influencia en redes logísticas vinculadas a la exportación de droga.

Su principal rival es la bando narcoterrorista Los Lobos, una organización que ha ganado protagonismo en los últimos años y que ha sido vinculada por autoridades internacionales a redes globales de narcotráfico. La disputa entre ambos grupos ha sido uno de los factores que explican el aumento de la violencia en Ecuador, incluyendo enfrentamientos en cárceles y atentados en zonas urbanas.

A este entramado se suman Los Tiguerones, con fuerte presencia en la costa y en la frontera norte, y Los Lagartos, que operan como estructuras de apoyo en tareas de seguridad, acopio y transporte de droga. Estas organizaciones no solo compiten entre sí, sino que establecen alianzas flexibles con actores internacionales según las necesidades del negocio.

El informe destaca que carteles mexicanos y redes europeas han incrementado su presencia en Ecuador, no necesariamente mediante estructuras visibles, sino a través de socios locales. Esta dinámica ha transformado el país en un punto clave dentro de la cadena global de la cocaína. Ya no se trata únicamente de una ruta de paso, sino de un nodo logístico donde se consolidan cargamentos, se negocian envíos y se articulan redes financieras.

Pero la cocaína no es la única economía en disputa. La minería ilegal ha emergido como un negocio paralelo en expansión, especialmente en zonas de la Amazonía ecuatoriana y en provincias como Sucumbíos. Allí, grupos armados controlan territorios ricos en oro, imponen condiciones de trabajo y utilizan esta actividad como fuente de financiamiento y lavado de dinero.

La convergencia entre narcotráfico y minería ilegal responde a una lógica de diversificación. Las organizaciones buscan reducir riesgos y aumentar ingresos combinando distintas economías ilícitas. En ese proceso, también se involucran en actividades como el tráfico de armas, la trata de personas y la extorsión a comerciantes y transportistas.

Uno de los hallazgos más relevantes del reporte de InSight Crime es la existencia de una “hibridación criminal”. Esto significa que las fronteras entre grupos se vuelven difusas: cooperan en ciertas operaciones, compiten en otras y, en muchos casos, comparten recursos logísticos. Esta flexibilidad dificulta la acción estatal, que suele estar diseñada para enfrentar organizaciones más rígidas y jerárquicas.

El resultado es un escenario de fragmentación violenta. La ausencia de un actor dominante genera disputas constantes por territorios estratégicos, especialmente aquellos que conectan zonas de producción con rutas de exportación. Cada kilómetro de frontera puede representar una ventaja logística y, por lo tanto, un motivo de conflicto.

En este contexto, la frontera se configura como una “zona gris”, donde la autoridad estatal es parcial y donde las reglas son definidas por actores armados. Comunidades enteras quedan atrapadas entre la necesidad de subsistencia y la presión de grupos que controlan economías ilegales. En muchos casos, la presencia de estas organizaciones sustituye funciones del Estado, desde la seguridad hasta la resolución de conflictos.

El impacto de esta dinámica se refleja en los indicadores de violencia. En los últimos años, Ecuador ha registrado un aumento sostenido en homicidios y delitos vinculados al crimen organizado, en niveles que algunos análisis comparan con los de Colombia en sus momentos más críticos. La expansión de estas redes ha trasladado la violencia desde zonas rurales hacia ciudades y puertos, donde se concentran las disputas por el control logístico.

Además, la situación tiene implicaciones regionales. La cooperación —y en ocasiones la tensión— entre Ecuador y Colombia se ha vuelto clave para enfrentar un fenómeno que no reconoce fronteras. Operativos conjuntos, intercambios de información y estrategias de militarización han sido parte de la respuesta, aunque con resultados limitados frente a la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales.

El informe concluye que el desafío no es únicamente de seguridad, sino estructural. Mientras persistan las condiciones que facilitan estas economías, el sistema criminal seguirá encontrando formas de sostenerse y expandirse.