El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón, sostuvo en una entrevista con AFP que existen elementos de trabajo forzoso y trata de personas en las misiones médicas internacionales cubanas.
La declaración se produce tras la publicación de un informe en el que la CIDH señala graves violaciones a los derechos humanos dentro de estos programas, los cuales incluyen prácticas como la retención de salarios, la amenaza de penas de prisión de hasta ocho años para quienes abandonen la misión y la confiscación de pasaportes.
Ralón describió la situación de los trabajadores como una “indefensión dramática” que desconoce la dignidad y los derechos laborales fundamentales.
Estas condiciones convierten a los participantes en sujetos obligados a seguir reglas estrictas y que carecen de protección mínima. El informe de la CIDH señala que las misiones médicas cubanas, instauradas en la década de 1960 por el gobierno de Fidel Castro con fines de solidaridad internacional, pasaron a ocupar un papel central en la economía de la isla desde los años noventa, convirtiéndose en la principal fuente de divisas.
El reporte, elaborado junto a la REDESCA, documenta testimonios de profesionales de la salud enviados por Cuba a diversas regiones. Los trabajadores relataron condiciones laborales caracterizadas por remuneraciones insuficientes, ausencia de contratos claros y falta de información sobre los términos del empleo.
Más de 600.000 profesionales cubanos han participado en misiones internacionales desde 1963, según información de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).
Las misiones han estado presentes en al menos 109 países, con una alta concentración en Venezuela, donde 50 de los 71 entrevistados por la CIDH prestaron servicios.
El impacto de estas restricciones abarca también la vida familiar de los profesionales, ya que enfrentan obstáculos para reunirse con sus familias y mantener vínculos personales en las comunidades donde son asignados.
La CIDH advirtió que el retiro de pasaportes al llegar al país anfitrión y la necesidad de autorizaciones para salir de la isla afectan la libertad de movimiento de los trabajadores.
Según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, los ingresos obtenidos por Cuba a través de la exportación de servicios médicos alcanzaron entre USD 6.000 y 8.000 millones anuales, lo que representa más del 40% de las exportaciones totales de la isla en el periodo 2018-2020, una cifra confirmada por la ONEI.
La mayoría de las brigadas médicas recientes se desplegaron en América Latina y África, aunque también han operado en países de Europa y Medio Oriente.
El informe de la CIDH remarcó que las condiciones registradas tienden a agravarse en países con menores garantías institucionales o con restricciones a los derechos fundamentales.
Según Ralón, varios profesionales entrevistados reportaron que en Estados con regímenes autoritarios tampoco contaban con mecanismos de protección frente al Estado cubano ni en el país receptor.
Desde el inicio de la elaboración del informe, al menos tres o cuatro países de América Latina han decidido dejar de recurrir a las misiones médicas cubanas, entre ellos Guatemala y El Salvador.
El reporte, elaborado por la CIDH y la REDESCA, denuncia también la ausencia de democracia y libertades básicas en la isla. Ralón consideró que tanto el cubano como los Estados que reciben a los profesionales sanitarios tienen responsabilidades por las prácticas identificadas.
“El Estado receptor no puede decir: como es un convenio, me desentiendo de verificar el respeto de los derechos humanos”, explicó Ralón en la entrevista.
(Con información de AFP)
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