La defensa de Patricio Maturana, ex capitán de Carabineros condenado a 12 años de cárcel luego de dejar ciega a la ahora senadora, Fabiola Campillai, al lanzarle una bomba lacrimógena al rostro en medio del estallido social de 2019, solicitó de manera formal su indulto presidencial al Gobierno de José Antonio Kast.
De acuerdo a una nota de La Tercera, la abogada Nubia Vivanco ingresó la petición el 12 de marzo pasado ante el Ministerio de Justicia, tras lograr para su defendido el beneficio de salida dominical por buen comportamiento.
Dicho beneficio, que se concretó por primera vez el 8 de febrero, desató las críticas de la senadora Campillai, que presentó un recurso ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo para dejarlo sin efecto -el que fue rechazado-, y apuntó directamente al presidente José Antonio Kast, quien ya dijo que está a favor de revisar cada uno de los casos de uniformados sentenciados por la justicia.
En marzo del año pasado, Kast visitó a Maturana en la cárcel de Molina y mostró su disposición de indultarlo mediante un video publicado en sus redes sociales.
“El capitán de Carabineros Patricio Maturana fue condenado a 12 años de cárcel por cumplir con su deber en medio del caos, el miedo y la violencia desatada en todo el país (...) Me comprometo a estudiar todos los antecedentes, y si corresponden, impulsaré un indulto particular, porque el Presidente de la República tiene el deber de corregir cuando la justicia ha sido reemplazada por el sesgo y la ideología”, aseguró el entonces aspirante a La Moneda.
¿Qué dice la ley?
Cabe recordar que la figura del indulto presidencial ya fue cuestionada cuando el ex presidente Gabriel Boric la aplicó a varios manifestantes condenados por violencia durante el estallido social, algunos de los cuales tenían asuntos pendientes con la ley.
Este miércoles, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se mostró a favor de eliminar definitivamente esta potestad del Ejecutivo pues interfiere con la separación de poderes del Estado y propuso la creación de un consejo que revise los casos.
“Si hay una sentencia condenatoria, es porque se superó la duda razonable y el tribunal adquirió convicción que una determinada persona, en este caso un uniformado, cometió un hecho punible y le cupo participación sea como autor, cómplice o encubridor”, sostuvo en entrevista con 24 Horas.
Así las cosas y de acuerdo a la Ley 18.050, la persona indultada no pasa a ser inocente ni se eliminan sus antecedentes penales, pues su sentencia sigue en pie a efectos de reincidencia o nuevos delitos.
El indulto tampoco se puede aplicar a delincuentes habituales o a quienes hayan sido indultados previamente, y tampoco procede cuando no se han cumplido dos tercios de la pena en los casos de reincidentes, condenados por dos o más delitos o condenados por delitos de parricidio, infanticidio, homicidio calificado, robo con homicidio y tráfico de estupefacientes, entre varios otros delitos contemplados.
Eso sí, la ley no dice nada respecto a aquellos presos por delitos de lesa humanidad, aunque tratados internacionales como el Estatuto de Roma -suscrito por Chile-, prohíben aplicarlo en estos casos.
A fin de hacer efectivo el indulto, el Presidente de la República deberá dictar un decreto supremo mediante el Ministerio de Justicia, luego de revisar concienzudamente que no haya recursos pendientes y se cumplan todos los requisitos establecidos en la normativa legal.
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