El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó que participará el próximo 7 de marzo en una cumbre regional convocada por Donald Trump en Miami, un encuentro que reunirá a seis mandatarios latinoamericanos considerados afines a la administración estadounidense. El anuncio se produjo durante un acto con la Central Obrera Departamental de Cochabamba, donde el mandatario boliviano adelantó también planes para visitar Europa y reunirse con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
La cumbre de Miami, confirmada por un funcionario de la Casa Blanca a la agencia EFE, incluirá además a los presidentes Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador y Nasry Asfura de Honduras. El encuentro, que tendrá lugar mes y medio después de la operación que derrocó al dictador venezolano Nicolás Maduro, forma parte de lo que Trump denomina una reinterpretación de la Doctrina Monroe en América Latina.
La cita responde a la estrategia de seguridad nacional de Washington centrada en eliminar organizaciones narcotraficantes en la región y contrarrestar la influencia china. Para Paz, quien asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo, el encuentro representa una oportunidad para consolidar su giro político hacia mercados abiertos y fortalecer el respaldo internacional a sus reformas económicas.
Durante su discurso en Cochabamba, Paz también mencionó el interés de Francia, Alemania y España por acercarse a Bolivia, aunque sin precisar fechas concretas para esa gira europea. El mandatario justificó la intensidad de su agenda internacional con un objetivo explícito: “Voy a viajar al mundo para que Bolivia vaya al mundo y venga gente que quiere invertir”.
La necesidad de atraer inversión extranjera se ha convertido en prioridad urgente para un país que enfrenta su peor crisis económica en décadas. Paz heredó un Estado con reservas internacionales casi agotadas, escasez crónica de dólares y sin recursos para importar combustibles. Su primera medida de impacto fue eliminar en diciembre el subsidio a los hidrocarburos que representaba una sangría anual superior a 2.000 millones de dólares, una decisión que ningún gobierno boliviano se había atrevido a tomar desde 2010.
Los primeros 100 días de gestión, cumplidos justamente este miércoles, muestran señales mixtas. Analistas económicos reconocen avances en estabilización cambiaria y reducción del déficit fiscal, pero advierten que persiste la recesión económica y faltan reformas estructurales. El Banco Mundial proyectó en su último informe que Bolivia será el único país sudamericano con economía en contracción durante 2026.
En este contexto cobra relevancia la agenda que Bolivia prepara con Brasil. Los ministros Gabriel Espinoza de Economía y Óscar Mario Justiniano de Desarrollo Productivo mantuvieron este martes una reunión en San Ignacio de Velasco con el ministro brasileño de Agricultura, Carlos Fávaro, para coordinar temas previos al encuentro presidencial. Paz y Lula se habían visto en enero durante el Foro Económico de la CAF en Panamá, donde acordaron una reunión bilateral para marzo o abril.
Brasil es el principal socio comercial de Bolivia y un destino estratégico para productos agroindustriales y energéticos. El gobierno boliviano busca que el encuentro con Lula facilite el acceso a mercados brasileños, impulse inversiones y profundice la cooperación en áreas productivas, incluyendo proyectos de integración regional como el corredor bioceánico que conectaría el Atlántico con el Pacífico.
Paz enfrenta desafíos políticos internos para consolidar su giro económico. Su partido carece de mayoría en la Asamblea Legislativa, donde el vicepresidente Edmand Lara, que preside el Congreso, se ha posicionado como opositor. Esta fragmentación política obliga al Ejecutivo a negociar cada ley de su programa de reformas, que incluye normativas sobre hidrocarburos, minería e inversiones.
La aprobación ciudadana inicial sigue siendo alta. Un sondeo de Ipsos-Ciesmori realizado en enero registró 65% de respaldo a la gestión de Paz entre habitantes del eje central boliviano, con 78% de apoyo específico a la eliminación del subsidio a los combustibles. Sin embargo, las elecciones locales del 22 de marzo serán una prueba de fuego para medir si ese respaldo se traduce en respaldo electoral para sus aliados regionales y municipales.
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