Exjefe de la autoridad tributaria asumió la Judicatura de Ecuador en medio de críticas por posible injerencia del Ejecutivo

El Consejo de la Judicatura designó la noche de este miércoles a Damián Alberto Larco Guamán como presidente encargado del órgano de administración, gobierno y disciplina de la Función Judicial, en medio de una controversia política y jurídica que ha reabierto el debate sobre la independencia del sistema judicial ecuatoriano. Larco, economista de formación y actual estudiante de Derecho, fue anteriormente director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), cargo al que llegó por designación del presidente Daniel Noboa. Su llegada al Consejo ocurre tras la renuncia de Mario Godoy, quien enfrentó este 18 un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional, donde fue censurado y destituido por “manifiesta inoperancia” en su desempeño en la judicatura.

Larco posee estudios en gestión empresarial y maestrías en fiscalidad internacional y sistemas de información gerencial. Actualmente cursa la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja, pero no cuenta con título de abogado. Este último elemento ha sido uno de los ejes del debate público, aunque no necesariamente el central.

Según explicó a Infobae el penalista Pablo Encalada, la Constitución fue reformada en 2011 para permitir que los integrantes del Consejo de la Judicatura no sean abogados, por lo que, desde el punto de vista formal, la designación de un economista no sería inconstitucional. Encalada recordó que incluso durante el gobierno de Rafael Correa un ingeniero presidió la Judicatura de transición tras la consulta popular de ese período, lo que demuestra que la norma habilita perfiles distintos al jurídico.

Para el penalista, el problema no radica en la profesión de Larco, sino en su cercanía con el Ejecutivo. Encalada sostuvo que se trata de “una persona del entorno muy cercano del presidente de la República” y recordó que fue director del SRI en la actual administración, lo que, a su juicio, constituye una acreditación objetiva de falta de independencia respecto del poder político. En su análisis, el antecedente inmediato de haber ocupado un alto cargo de confianza del Presidente genera dudas razonables sobre la imparcialidad que debe caracterizar a quien encabeza el órgano encargado de administrar la justicia.

Encalada comparó la situación con la designación de Gustavo Jalkh durante el correísmo. Señaló que, aunque Jalkh contaba con credenciales académicas y profesionales suficientes, su condición previa de secretario particular de Correa lo deslegitimaba por su vínculo directo con el Ejecutivo. Según el penalista, ese antecedente demostró con el tiempo una falta de imparcialidad que derivó en una justicia alineada con el poder político. A su criterio, el escenario actual reproduce un patrón similar.

La polémica también se concentra en la forma en que Larco asumió la presidencia encargada. Tras la licencia de Godoy, debía subrogarlo su suplente, Alexandra Villacís. Sin embargo, esta fue declarada impedida para ejercer cargo público en circunstancias que han sido cuestionadas. Encalada calificó el procedimiento como una “mañosería jurídica” y afirmó que se habría inventado una inhabilidad para evitar que Villacís asumiera el cargo. La vocal ha rechazado públicamente la existencia de impedimento alguno y mantiene pendiente una acción de protección para revertir la decisión.

El penalista señaló que la designación configura, en su interpretación, un “golpe” al poder judicial, al considerar que se habría alterado el orden de sucesión previsto para mantener el control político del Consejo de la Judicatura. También cuestionó la actuación de otros actores institucionales, a quienes atribuyó una actitud complaciente que facilitó la transición hacia Larco.

El Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración, evaluación y disciplina de jueces y funcionarios judiciales, así como de la gestión presupuestaria y organizativa de la Función Judicial. Aunque no dicta sentencias, su rol es clave en la arquitectura institucional del Estado. Por esto, cualquier señal de influencia política sobre su conducción tiene impacto directo en la percepción de independencia judicial.

Larco ha señalado que ejercerá el cargo con apego a la ley y que su objetivo será fortalecer la gestión administrativa del sistema judicial. No obstante, la controversia persiste. Sobre la legalidad formal de su nombramiento, el debate gira en torno a la legitimidad política e institucional de la designación y a la confianza pública en la autonomía de la justicia ecuatoriana.