La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ya colabora con el Gobierno boliviano en el intercambio de información para combatir el narcotráfico, mientras el Ejecutivo latinoamericano ajusta los detalles de un acuerdo para el retorno formal de la agencia al país tras 18 años de ausencia.
Según informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, en declaraciones a The Associated Press, actualmente Bolivia recibe el apoyo de la agencia estadounidense en capacitación y soporte técnico, aunque aún no está definido el esquema operativo ni quiénes serán los responsables en el país en un presunto futuro cercano.
El funcionario destacó que la decisión política sobre el regreso de la agencia ya fue adoptada y que la Cancillería boliviana está a cargo de finalizar el acuerdo.
Justiniano descartó la instalación de bases militares extranjeras en el país, pero sostuvo que sí se realizarán operativos conjuntos. “No va a haber bases, pero si podemos hacer operativos el día de mañana con norteamericanos, brasileños, paraguayos o argentinos, pues bienvenido”, concluyó.
La llegada al poder del actual presidente Rodrigo Paz significó un cambio drástico en la política exterior boliviana, que durante casi dos décadas bajo el Movimiento al Socialismo (MAS) se alejó de Estados Unidos y se integró a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) junto a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Desde la asunción de Paz en noviembre pasado, el subsecretario de Estado de EEUU, Cristopher Landau, destacó el “renacimiento de las relaciones bilaterales” y la cooperación en seguridad, incluyendo el posible regreso de la DEA, expulsada en 2008 por el entonces presidente Evo Morales junto con el embajador estadounidense, a quienes acusó de interferencia política. En ese momento, la DEA contaba con 100 agentes en Bolivia, el tercer mayor productor de cocaína del mundo.
El regreso la DEA al país liderado por Paz generó rechazo inmediato de Evo Morales y del poderoso sindicato cocalero del Chapare. La agrupación de trabajadores advirtió en un comunicado que no permitirá la presencia de “bases militares extranjeras”.
Por su parte, Morales, desde el Chapare, propuso que la cuestión se someta a referendo nacional. Por su parte, Justiniano respondió y sostuvo que entre el 91% y el 92% de la hoja de coca cultivada en el Chapare termina en circuitos ilegales.
El analista Paul Coca consideró que Morales intenta mantener relevancia política, pero el contexto cambió y Bolivia necesita integrarse al escenario internacional, lo que implica un combate efectivo a las redes del narcotráfico.
La DEA estadounidense desempeñó un papel central en la creación de estrategias contra el narcotráfico y en la desarticulación de redes criminales que lograron influir en la política de Bolivia durante los años 80. La agencia también fue responsable de la formación de unidades de élite dedicadas a operaciones directas contra grupos dedicados al tráfico de drogas.
El gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), padre del actual presidente Rodrigo Paz, estuvo rodeado de sospechas sobre posibles conexiones con el narcotráfico antes de asumir el poder. Su política de “diplomacia de la coca”, que buscaba que la hoja —tradicionalmente usada en Bolivia y Perú para infusiones y como remedio contra el mal de altura— fuera excluida de la lista internacional de estupefacientes, no fue bien recibida en Washington.
Estados Unidos impulsó activamente la erradicación de cultivos de coca, una medida que encontró fuerte resistencia entre los productores locales. La defensa de estos cultivos sirvió de plataforma para el ascenso político de Morales, líder cocalero, quien en 2006 llegó a la presidencia con un discurso crítico hacia la influencia estadounidense en la región.
(Con información de The Associated Press)
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