El alcalde de Guayaquil fue trasladado a la cárcel de Latacunga para cumplir prisión preventiva

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, fue trasladado en la madrugada del 12 de febrero de 2026 al Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1, ubicado en Latacunga, para cumplir la prisión preventiva dictada horas antes por un juez anticorrupción en el marco del denominado caso Goleada. La medida fue adoptada tras la audiencia de formulación de cargos en la que la Fiscalía lo vinculó, junto a sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez y otros procesados, a una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

El traslado se realizó bajo un fuerte resguardo policial desde Quito, donde se desarrolló la diligencia judicial en el Complejo Judicial Norte. La orden de prisión preventiva fue emitida la tarde del 11 de febrero, luego de que el juez declarara legal la detención y escuchara los argumentos de la Fiscalía, que sostuvo la existencia de un entramado societario complejo y riesgos procesales que, a su criterio, justificaban la medida cautelar más gravosa. La defensa del alcalde rechazó la acusación y anunció que apelará la decisión.

Con el ingreso de Álvarez al Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1, el proceso adquiere una dimensión institucional relevante, pues se trata de uno de los complejos penitenciarios más grandes y de mayor perfil en el sistema carcelario ecuatoriano. La cárcel de Latacunga, inaugurada en 2014 como parte de la reestructuración del sistema penitenciario, fue diseñada bajo un modelo de máxima y mediana seguridad, con capacidad para albergar a varios miles de personas privadas de libertad. Es considerada uno de los centros estratégicos dentro del esquema nacional de rehabilitación social y ha sido escenario de operativos y traslados de internos de alto perfil.

El centro ha estado en el foco de atención pública en los últimos años debido a la crisis carcelaria que atraviesa el país, marcada por episodios de violencia, motines y disputas entre bandas delictivas. Aunque el Gobierno ha desplegado intervenciones militares y policiales para retomar el control en distintos momentos, Latacunga ha sido señalada como uno de los recintos con mayor concentración de internos vinculados a organizaciones criminales. Por ello, los traslados hacia este centro suelen realizarse con estrictos protocolos de seguridad y bajo supervisión del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

La cárcel de Latacunga, por su infraestructura y nivel de seguridad, ha sido el destino recurrente de personas procesadas por delitos de corrupción, delincuencia organizada y otros ilícitos de alto impacto. Por ejemplo, el ex vicepresidente Jorge Glas cumplió varios años de sus sentencias en esa prisión antes de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil y, posteriormente, a la cárcel Encuentro en Santa Elena.

En el caso de Álvarez, la prisión preventiva se enmarca en la etapa inicial de instrucción fiscal del caso Goleada, cuya investigación se encuentra en desarrollo. Durante los allanamientos ejecutados el 10 de febrero en Guayas, la Fiscalía informó que se incautaron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y documentación que guardaría relación con la causa. Asimismo, comunicó que al momento de la detención el alcalde no portaba el grillete electrónico dispuesto en otro proceso penal, el denominado caso Triple A, en el que es investigado por presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.

En Guayaquil, la vicealcaldesa Tatiana Coronel asumió las funciones ejecutivas para garantizar la continuidad de la gestión municipal mientras se define la situación jurídica del alcalde. El Concejo Cantonal no ha anunciado, hasta el momento, cambios estructurales en la administración local más allá de la aplicación del régimen de subrogación previsto en la normativa vigente.

La defensa de Álvarez ha reiterado que presentará recursos legales para impugnar la prisión preventiva y buscar medidas alternativas, mientras la Fiscalía avanza en la recopilación y análisis de elementos de convicción dentro del plazo de instrucción fiscal.