El sistema carcelario de Uruguay tiene un estado crítico desde hace años. Los informes sobre lo que ocurre dentro de las cárceles generan alarmas: allí más del 40% de los presos no tiene acceso a medicamentos, asistencia ni posibilidades de rehabilitación. Y, además, sufren un “trato cruel, inhumano y degradante”, como lo definió el ex comisionado para el sistema carcelario Juan Miguel Petit. Describió que en la prisión hay un “estado inconstitucional”.
Con este marco crítico de fondo, el gobierno de Yamandú Orsi prepara una reforma para el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), como se le llama al organismo que gestiona las cárceles en el país.
Uno de los cambios previstos es una modificación del nombre: las cárceles pasarán a ser gestionadas por un Instituto Nacional de Reinserción, si es que se aprueba el proyecto de ley presentado por el ministro del Interior, Carlos Negro, a la bancada oficialista.
“El instituto que se propone crear tendrá como competencia el cumplimiento de las medidas o penas privativas de libertad o alternativas, el diseño, implementación y control de las políticas y programas de reinserción social, la organización y gestión del sistema penitenciario y la vigilancia y control de las unidades penitenciarias”, dice la exposición de motivos del proyecto de ley, informado por La Diaria.
Esta propuesta surge como una respuesta a la “crisis estructural” del sistema penitenciario del país, reconoce el Ministerio del Interior en el texto. Y luego detalla las características que tiene: “Niveles inaceptables de hacinamiento, condiciones edilicias deficitarias, dificultades para el ejercicio de derechos y acceso a programas de tratamiento por parte de la población encarcelada, carencias de recursos humanos y materiales, así como debilidad extrema del sistema de medidas alternativas”.
Una de las explicaciones del gobierno uruguayo es que las dificultades “están fuertemente asociadas al incremento constante de la población privada de libertad”. Esta cantidad en 2025 volvió a romper su récord histórico y consolidó “la posición de liderazgo en América del Sur y en el mundo, con 477 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes”.
El texto menciona otros datos que a las autoridades le genera alarma: solo el 17% de los privados de libertad accede a oportunidades adecuadas de integración social, mientras casi la mitad (46%) está sometida a los tratos crueles, inhumanos y degradantes, tal como reflejó Petit en su informe.
“La evidencia muestra que los sistemas penitenciarios colapsados no solo no logran operar como mecanismos eficaces para combatir el delito, sino que incluso pueden actuar reforzando identidades y hábitos delictivos, así como consolidar grupos criminales”, agrega la exposición de motivos del proyecto de ley.
Además, el texto menciona que en los últimos años hubo “propuestas innovadoras” para revertir esta crisis, pero no tuvieron éxito. “No han logrado transformar radicalmente las condiciones de vida de la mayor parte de la población sujeta a sanciones penales, ni los resultados obtenidos a partir de la intervención estatal”.
El proyecto ahora será enviado a los sindicatos que están involucrados con la gestión diaria del Instituto Nacional de Rehabilitación, así como a la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. En el oficialismo tienen previsto que, durante el tratamiento parlamentario del proyecto, se incorporan cambios a la propuesta original.
El Ministerio del Interior define que el proyecto de ley presentado es “un paso fundamental para avanzar en el proceso de reforma penitenciaria”.
Además, según consignó El Observador, uno de los principales objetivos de este proyecto de ley es avanzar en la autonomía del organismo y separar definitivamente la “tarea de persecución y represión del delito, de la del tratamiento de las personas sujetas a sanciones penales”. De aprobarse la propuesta, este nuevo organismo dejará de depender del Ministerio del Interior pero seguirá relacionado con el Poder Ejecutivo a través de esta cartera.
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