Las agresiones contra la prensa independiente en Nicaragua han adquirido una nueva dimensión, marcada por el traslado de los ataques hacia el ámbito digital, según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
Desde la represión de la dictadura iniciada en 2018, la hostilidad ha derivado en el exilio de 309 trabajadores de prensa y el cierre de cerca de 50 medios.
La FLED, con sede en Costa Rica, reportó en su informe anual un aumento de la hostilidad digital: se registraron 115 violaciones a la libertad de prensa en 2025, frente a 81 en 2024.
El informe subraya que las estrategias represivas ahora se concentran en redes sociales y medios digitales oficialistas, donde proliferan amenazas y campañas de deslegitimación.
El 74% de las agresiones corresponde a acciones verbales, escritas o digitales, y los discursos estigmatizantes desde entidades oficiales y paraestatales representan el 13%.
Esta dinámica dificulta la denuncia de los hechos, incrementa la autocensura y amplía el control estatal sobre la información. “Las redes sociales y la página web de ‘El 19 Digital’ continuaron siendo utilizadas como espacios de intimidación, amenaza y deslegitimación del trabajo informativo”, explicó la FLED.
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El exilio constituye una de las consecuencias más visibles. Al menos 26 periodistas abandonaron el país en 2025 para salvaguardar su vida e integridad. En cuatro casos, la Dirección General de Migración y Extranjería negó el reingreso de comunicadores tras viajes al exterior, colocándolos en situación de apatridia de facto.
La disminución de fuentes de cooperación internacional ha obligado a numerosos reporteros a buscar empleos alternativos, lo que afecta su salud física y mental.
Las restricciones y el éxodo de periodistas han generado lo que la FLED denomina “desiertos informativos”: el 65% del territorio nacional permanece bajo control informativo del régimen sandinista, sin presencia de medios independientes en amplias regiones.
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La violencia tecnológica representó el 7% de los casos documentados en 2025, el desplazamiento forzado y el uso abusivo del poder estatal el 2% cada uno, y las detenciones arbitrarias y agresiones físicas el 1%, según el informe.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sostiene que la prensa busca desestabilizar al país y servir a los intereses de Estados Unidos.
Este discurso ha profundizado la estigmatización y criminalización de los medios independientes.
Por otro lado, la precarización periodística aumentó tras el asesinato en junio pasado en Costa Rica del exmilitar nicaragüense exiliado Roberto Samcam, suceso que incrementó el temor a que la persecución traspase fronteras.
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Durante 2025, la FLED documentó casos en los que periodistas que intentaron regresar a Nicaragua tras misiones en el extranjero fueron interceptados en frontera y se les negó la entrada. La organización atribuye esto a una política sistemática de exclusión migratoria, que debilita aún más la capacidad de la prensa independiente para informar.
(Con información de EFE)
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