La apuesta al crecimiento de la economía ha sido una de las metas más repetidas por el equipo económico de Yamandú Orsi en Uruguay. Durante la campaña electoral, esa fue su consigna principal cada vez que se le preguntaba por la financiación para el cumplimiento de sus planes. Una vez asumido el gobierno, reiteró ese compromiso al presentar el proyecto de ley de Presupuesto para el quinquenio.
Para lograr ese crecimiento, una de las medidas que tomó el gobierno fue cambiar el régimen de promoción de inversiones, de forma de lograr que los estímulos tributarios lleguen a las pequeñas y medianas empresas con mayor facilidad.
El sistema de promoción de inversiones de Uruguay se puede definir como una política de Estado. La ley originalmente fue aprobada en 1998 –durante la segunda gestión de Julio María Sanguinetti–. Desde entonces gobernaron presidentes de diferentes signos políticos y todos definieron continuar con este modelo, aunque con diferentes énfasis.
A grandes rasgos, este sistema establece una serie de beneficios fiscales para empresas siempre que se comprometan a generar empleo, mejorar el proceso de descentralización del país, aumentar las exportaciones, utilizar tecnologías limpias, invertir en investigación, desarrollo e innovación y a contribuir en actividades sectoriales.
El MEF informó que con un nuevo decreto lo que busca es “modernizar la matriz” de indicadores. Y, en este sentido, concentra los estímulos tributarios en empresas que prioricen el empleo de grupos de personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, además de promover la descentralización de la inversión en departamentos que hoy tienen mayores niveles de desempleo y pobreza.
Además, “se hace especial énfasis en generar un marco que democratice el acceso a la herramienta de incentivo a la inversión, principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas [mipymes], las que recibirán incentivos adicionales”, informó el MEF en un comunicado.
Las empresas cuyos proyectos sean declarados promovidos accederán a una exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) por un porcentaje de la inversión de hasta el 100%. También estarán exoneradas del Impuesto Patrimonio, del pago de tasas y tributos a la importación de bienes no competitivos con la industria uruguaya y obtendrán certificados de crédito del IVA por las compras de insumos, equipos y servicios que se adquieran en el país.
La nueva normativa establece que las mipymes tendrán 15 puntos porcentuales adicionales de beneficio del IRAE y dos años extra para su uso.
Las empresas medianas, con hasta 50 empleados, tienen 10 puntos porcentuales adicionales de exoneración de IRAE y un año extra para su utilización.
Además, se eliminó el tope de las 3,5 millones de unidades indexadas a la inflación (unos USD 500.000) que tenían las mipymes para acceder a estos beneficios tributarios. También se habilitó a aquellas empresas que no tienen una contabilidad suficiente para acceder a la herramienta.
Otro foco de los cambios que estableció el gobierno está en los grandes proyectos. Los que superan en inversión los USD 30 millones acceden a un 100% de exoneración del IRAE, siempre que sean presentados antes del 31 de diciembre de 2027 y culminen sus inversiones antes del cierre de 2029.
Para lograr ese beneficio de exoneración total deberán obtener cinco puntos en la categoría de generación de empleo y cuatro puntos en el indicador de desarrollo e innovación.
Los proyectos que superen el monto de los USD 50 millones también accederán a una exoneración del 100% del IRAE, pero tienen más plazo para presentarse. Hasta el 31 de diciembre de 2028 podrán presentar el proyecto ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y hasta el 31 de diciembre de 2031 podrán ejecutarlo.
Los inversores que pretendan acceder a estas exoneraciones deben presentar sus planes ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), una oficina que funciona en el MEF y que evalúa estos planes.
El gobierno también ha promovido cambios en esta oficina, a la que busca hacerla más ágil para el análisis de los proyectos. Para lograrlo incorporó nueva tecnología, detalló el ministerio en un comunicado.
Los cambios al decreto comenzarán a regir el 1° de febrero.
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