El agresivo lobby por aprobar un megaproyecto inmobiliario en Chile que alarma a toda una población

El 17 de diciembre recién pasado, el Comité de Ministros fue citado de manera extraordinaria para resolver las reclamaciones relacionadas con el megaproyecto inmobiliario Maratué, el que contempla la construcción de unas 14 mil viviendas en un plazo de 45 años y es fuertemente resistido por la comunidades de la zona debido a su potencial impacto ambiental en la zona de Quirilluca, un área de alto valor ecológico.

Ubicado en la comuna de Puchuncaví (150 kms al noroeste de Santiago), el megaproyecto del family office Osler Inversiones -cuyos dueños son el empresario Óscar Lería Chateau y su hija, Claudia Lería Scarneo-, ha recibido críticas desde su ingreso en 2017 por las comunidades que acusan un grave peligro para la flora y fauna nativa endémica, en un sitio que además es muy cercano a la llamada “zona de sacrificio” que abarca Concón, Quintero y Puchuncaví, sobrepoblada de industrias termoeléctricas, petroleras y químicas.

En octubre del año pasado, Maratué logró obtener la aprobación del Comité de Evaluación Ambiental (Coeva), pero aún enfrenta dos reclamaciones presentadas ante el Servicio de Evaluación Ambiental por vecinos en 2019 y 2024, y su futuro depende de la decisión del Comité de Ministros que volverá a reunirse el miércoles 7 de enero del próximo año.

Debido a esto, la inmobiliaria ha desplegado un intenso lobby a fin de destrabar dichas reclamaciones liderado por su directora ejecutiva, Claudia Lería, el gerente del proyecto, Felipe Lizana, y el exsenador Patricio Walker, quienes han sostenido varias reuniones con subsecretarías y ministerios para agilizar los permisos.

El proyecto

Emplazado en un área que incluye humedales, bosque nativo y los imponentes acantilados de Quirilluca, el megaproyecto Maratué contempla la construcción de 14 mil casas en un plazo de 45 años -a razón de unas 300 por año-, con una inversión de US$2.000 millones.

Y aunque el proyecto dice que destina un 50% del terreno a áreas verdes y 125 hectáreas a la conservación -incluyendo un futuro Santuario de la Naturaleza propuesto por el Ministerio del Medio Ambiente-, organizaciones ambientales y comunidades locales aseguran que su construcción afectará severamente un ecosistema ya de por sí frágil, poniendo en peligro especies protegidas como el chungungo y el piquero común.

Debido a esto, en 2019 un grupo de vecinos presentó un recurso de reclamación para frenar el proyecto, el que fue acogido de manera parcial en 2021 y obligó a la inmobiliaria a realizar mayores estudios sobre la contaminación ambiental en las faenas que se llevarían a cabo en el puerto de Ventanas.

Cronología del lobby

Según lo publicado en la Plataforma de Ley del Lobby, los primeros acercamientos de los ejecutivos de la empresa con la autoridad se dieron en mayo de 2023, cuando Felipe Lizana, Claudia Lería, Óscar Lería, José Fuenzalida y Patricio Walker llegaron hasta la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño a conversar sobre el megaproyecto.

En 2024 se registraron reuniones en mayo, julio, agosto y diciembre en las Subsecretarias de Medio Ambiente, Servicios Sociales, Minería y Agricultura y el Ministerio de Hacienda y durante 2025, los representantes de Osler Inversiones han sostenido citas con las Subsecretarías de Energía, Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Obras Públicas a fin de discutir las reclamaciones contra el proyecto.

El reclamo de la comunidad

Desde la ONG Defensa Medioambiental, el abogado Ricardo Frez detalló en entrevista con el medio Interferencia que se encuentran “esperando a ver qué dice el Comité de Ministros porque son dos las reclamaciones que presentamos: un recurso de reclamación por el proceso de participación ciudadana y un recurso de invalidación. Ambos buscan anular la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) y acusar que en la aprobación ambiental de Maratué se incurrieron en diversas ilegalidades”.

De acuerdo al jurista, “lo más sustancial son los riesgos a la salud de las personas, que es una de las variables que deben evaluarse ambientalmente por la presencia de arsénico. En los suelos donde se pretende establecer el proyecto hay estudios —incluso con datos de la propia empresa—, que si los contrastamos con las normas internacionales de aceptabilidad de exposición permanente a arsénico estamos sobre los máximos permitidos y no es viable hacer un proyecto”.

De paso, aseguró que la empresa no ha escuchado a la comunidad, asunto que también sería ilegal.

“Los vecinos cuestionaron temas como la exposición al arsénico, la falta del agua, la afectación al área protegida, (el riesgo para especies como) el piquero, el chungungo, y el tema de los acantilados. Todos esos cuestionamientos fueron planteados y la empresa no respondió adecuadamente, entonces, como no nos respondió adecuadamente, también nos habilita a que nosotros levantemos esa reclamación por la participación ciudadana”, argumentó Frez al medio citado.

Tocante al lobby desplegado por la inmobiliaria, sostuvo que se trata de “un reflejo de la preocupación que ellos tienen por tratar de influir en los miembros del Comité que finalmente va a zanjar las reclamaciones que nosotros estamos levantando. Lo que están tratando de hacer es echar abajo los argumentos que nosotros hemos levantado que son de carácter técnico. Es legítimo que lo hagan, pero el Comité de Ministros (...) no tiene que responder en torno a presiones o a intereses políticos, económicos, sino que antecedentes técnicos ¿Cómo se aprueba un proyecto en una zona donde ya no hay agua y tú vas a meter 60.000 nuevas personas a vivir ahí?, remató el abogado ambientalista.