El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles el fin de la subvención a los combustibles en el país, acompañado de una serie de medidas económicas adicionales. Entre ellas, destacó un aumento del 20% en el salario mínimo nacional, que pasará de 2.750 a 3.300 pesos bolivianos (equivalente a 395 a 474 dólares). El mandatario aseguró que estas acciones buscan proteger especialmente “a quienes más lo necesitan”.
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos boliviano, Mauricio Medinaceli, informó este miércoles que los precios de los combustibles tendrán incrementos significativos tras la eliminación de la subvención.
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El precio de la gasolina especial subirá de 3,79 a 6,96 pesos bolivianos, mientras que el diésel pasará de 3,74 a 9,80 pesos bolivianos. Esta decisión forma parte de la estrategia del Ejecutivo para contener el gasto público y combatir el contrabando de carburantes hacia países vecinos.
Paz indicó que los nuevos valores serán oficializados mediante un decreto, que también facilitará la importación privada de diésel retirándolo de la lista de Sustancias Controladas. La vigencia de los ajustes será inmediata tras la publicación del decreto correspondiente.
Según Paz, “la quita de subsidios no significa abandono, sino orden y justicia”. Esta medida se enmarca en el objetivo declarado de transferir gradualmente al sector privado el abastecimiento nacional de combustibles.
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El anuncio surge luego de que Paz presentara el lunes pasado en El Alto la creación de la Comisión de la Verdad, un organismo encargado de investigar la supuesta corrupción en el sector de hidrocarburos durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Durante el acto celebrado en la sede de la Procuraduría General del Estado, Paz enfatizó que la meta principal es recuperar los recursos que habrían sido desviados y garantizar que los responsables sean llevados ante la Justicia.
“Esto no es venganza, esto es justicia”, afirmó el mandatario ante funcionarios y la prensa, al oficializar la conformación de la comisión y presentar a sus integrantes. Paz aclaró que la investigación se enfocará específicamente en las políticas de nacionalización e industrialización de hidrocarburos implementadas desde 2006 hasta 2025.
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El pasado 19 de noviembre, el Gobierno boliviano reveló que aproximadamente el 30% del combustible subvencionado termina en el contrabando hacia países vecinos. Así lo informó Margot Ayala, directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), quien basó la estimación en análisis y auditorías en curso dentro del sector energético.
Ayala señaló que existen sospechas fundadas sobre la participación de funcionarios públicos en el desvío de diésel y gasolina, entre los que mencionó trabajadores del área de Sustancias Controladas, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la propia ANH. Según sus declaraciones, estarían “dilapidando los recursos del Estado” y facilitando el transporte ilegal de combustibles hacia el exterior.
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La directora de la ANH aseguró que las investigaciones continuarán y advirtió que no habrá impunidad. “Esto va a ir a auditoría y va a tener repercusiones. Otra de las cosas que hemos descubierto es que no solamente por falta de control (hay contrabando), sino por la falta de consecuencias es que la gente se ha acostumbrado a hacer lo que le da la gana”, afirmó en el programa radial Asuntos Centrales.
Esta denuncia se suma a una referencia previa a hechos de corrupción dentro de la institución. Ayala reportó que durante un operativo en la Planta de Almacenaje de Hidrocarburos de Senkata, en El Alto, se identificaron “mafias organizadas” involucradas en el desvío de combustible subvencionado.
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(Con información de EFE)
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