Una investigación reveló que una presunta red de policías acusados de falsos allanamientos en Ecuador operaba con apoyo de funcionarios públicos

La investigación que reveló una presunta red delictiva integrada por policías en servicio activo en Manabí continúa desplegándose hacia otras instituciones públicas del país. El caso, que involucra falsos allanamientos y el robo de USD 100.000 en una vivienda de Manta, dejó al descubierto la participación de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano y del Municipio de Guayaquil, según consta en el expediente judicial y en la información reunida por la Fiscalía de Manta.

El hecho que originó la investigación ocurrió el 22 de febrero de 2025, cuando un grupo de personas armadas, con uniformes y logística institucional de la Policía Nacional, ingresó a una vivienda bajo la fachada de un allanamiento legal para sustraer dinero en efectivo, joyas y otros bienes.

La operación simulada fue posible gracias al acceso de los involucrados a información sensible, a órdenes de allanamiento y a la capacidad de movilizarse como si se tratara de un operativo antinarcóticos auténtico, de acuerdo con los elementos recabados por la Fiscalía y la unidad de Asuntos Internos durante nueve meses de indagación.

La detención de los involucrados se produjo el 14 de noviembre de 2025, durante el operativo Embestida 51. Ese día, el comandante de la subzona Manabí, coronel Wladimir Acurio, advirtió que los hechos no constituían un caso aislado, según lo recogido por Primicias. Las pesquisas apuntan a un esquema de apropiación de armas, dinero, municiones y drogas durante intervenciones simuladas en Manabí y provincias cercanas, además de presuntas extorsiones a personas previamente identificadas como “objetivos”.

Entre los hallazgos más relevantes, publicados por Primicias, está la participación de Viviana Geomara C. C., funcionaria del Ministerio de Desarrollo Humano. La acusada figura como Técnico de Juventudes y Educadora Familiar, con actividades dirigidas a la prevención del acoso y abuso en unidades educativas de Jaramijó, Manta y Montecristi, respaldadas incluso por la Dinapen.

Según la Fiscalía, estuvo presente durante las tres horas que duró el falso allanamiento y habría acompañado luego a uno de los capitanes involucrados —con quien mantenía una relación sentimental— a bodegas en Montecristi. Pese a ello, el juez del caso le otorgó medidas sustitutivas a la prisión el 4 de diciembre, al considerar que mantenía una posición procesal similar a la de un testigo, según el medio ecuatoriano.

Otro de los implicados es Christian Manuel C. R., cabo de policía en servicio pasivo, quien figura como funcionario del Municipio de Guayaquil. Documentos de transparencia institucional confirman que labora como supervisor de monitoreo y vigilancia en la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales. En la audiencia pública, su defensa sostuvo que su actividad laboral hacía improbable que pudiera encontrarse en Manta y Guayaquil simultáneamente. Sin embargo, el juez consideró que existían suficientes elementos para mantener la medida cautelar dictada.

La investigación también alcanzó a policías con operaciones en provincias de la Sierra Centro y del Guayas. Dos uniformados detenidos en Guayaquil habían sido señalados previamente en un robo de droga registrado en vía a la Costa. Los allanamientos del caso se ejecutaron no solo en Manta, Portoviejo y Montecristi, sino también en sectores de Chongón y Mapasingue, mientras que otras órdenes de detención se emitieron en distintas provincias.

Entre los principales procesados se encuentra el capitán Luis Fernando V. B., quien permanece con prisión preventiva y que, según su defensa, se encontraba “de tránsito en Manta por trabajo” pese a registrar domicilio en Ambato. También figura el cabo segundo Christian Eduardo Ll. B., el único de los siete policías que recibió medidas sustitutivas. El juez dispuso que cumpla sus presentaciones periódicas en Latacunga, donde mantiene vínculo laboral.

En total, 13 personas fueron procesadas, entre ellas siete policías —dos de ellos capitanes—, cinco civiles, una funcionaria pública y un ex uniformado. Seis de los agentes policiales permanecen bajo prisión preventiva, mientras que una acusada obtuvo medidas sustitutivas.

El caso revela una estructura que presuntamente operaba bajo jerarquías claras y con capacidad para desplegar operativos falsos de forma coordinada. La Fiscalía sostiene que la organización se consolidó aprovechando la logística institucional y la confianza derivada del uniforme policial, mientras que las investigaciones continúan para determinar si existieron más episodios similares.