Opresión en las cárceles de la dictadura: violaciones a derechos humanos, huelgas de hambre y muertes bajo custodia en Cuba

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas reportó en noviembre 71 violaciones de derechos humanos y dos muertes de personas privadas de la libertad en cárceles de la isla. El informe, que abarca 27 establecimientos penitenciarios de 14 provincias, resalta un contexto de huelgas de hambre, represión y deterioro de las condiciones de vida de los reclusos.

El centro identificó 81 eventos ocurridos dentro de centros penitenciarios, de los cuales 71 constituyeron violaciones a los derechos de los internos. Entre las formas más frecuentes de abuso se encuentran actos de hostigamiento y represión (55 casos), negación de atención médica (29), traslados arbitrarios (13), uso de celdas de castigo (10), golpizas y torturas físicas (9), así como restricciones a la comunicación.

El informe detalló que se registraron 33 tipos distintos de violaciones a los estándares mínimos de trato.

Las huelgas de hambre se consolidaron como una de las formas de protesta más visibles durante el mes. Al menos 18 reclusos recurrieron a esta medida para exigir derechos básicos, como atención médica, protección frente a agresiones o revisión de condenas impuestas por motivos políticos.

La ONG señaló que estas protestas, en ocasiones, estuvieron relacionadas con traslados arbitrarios a prisiones alejadas de las familias, golpizas, revocación de beneficios penitenciarios, decomisos de pertenencias, imputación de nuevos delitos o medidas disciplinarias desproporcionadas. En otros casos, los reclusos solicitaron traslados a celdas de aislamiento como respuesta a las condiciones impuestas.

El informe también documentó dos muertes bajo custodia: Masniel Lompui Rodríguez (Prisión Nieves Morejón, Sancti Spíritus) y José Bravo Navarro (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba). Según el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, ambos fallecimientos se atribuyen a la falta de atención médica oportuna, lo que refuerza la preocupación por el deterioro estructural de la salud en el sistema penitenciario.

Las condiciones materiales en las cárceles continúan agravando la vulnerabilidad de los internos. El hacinamiento y la escasez de agua persisten, mientras que la circulación de arbovirus se mantiene sin que existan medicamentos disponibles para su tratamiento.

La alimentación sigue siendo insuficiente y de mala calidad, con efectos visibles de desnutrición en varios reclusos. El informe también denunció el desvío de alimentos por parte de los guardias y la existencia de un mercado informal de comidas, drogas, bebidas y medicamentos, operado por personas procesadas por delitos comunes con el consentimiento de las autoridades.

Las represalias contra quienes iniciaron huelgas de hambre incluyeron el envío a celdas de castigo, muchas veces en condiciones inhumanas, como la falta de ropa o de medios para protegerse del frío.

El centro documentó golpizas contra presos políticos trasladados desde el Combinado del Este (La Habana) y contra otros reclusos en diferentes centros, como Ibrahim Domínguez Aguilar (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba), Aníbal Yasiel Palau Jacinto (Prisión de Melena del Sur, Mayabeque), Yurisán Franco Soriano y Esney Echeverría Estrada (Campamento de trabajo forzado La Colonia, Cienfuegos), Carlos Raúl Perdomo Cancio (Centro Penitenciario Tarea Confianza, Las Tunas) y Adrián Curuneaux Stevens (Prisión 1580, La Habana). Tanto Curuneaux como Alfonso Pérez López (Prisión de Guamajal, Villa Clara) fueron sometidos a torturas, como permanecer esposados durante largos periodos.

Las restricciones a la comunicación se mantuvieron como castigo habitual, ya fuera mediante la prohibición total de llamadas, su interrupción, la obligación de realizarlas bajo supervisión o la negación del contacto con familiares.

En el caso de Eider Frómeta Allen (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba), la restricción de llamadas telefónicas se aplicó como represalia por denunciar violaciones en el penal. Situaciones similares afectaron a Amaury Díaz García (Prisión Kilo 8, Pinar del Río), quien fue amenazado de muerte por otros reclusos tras denuncias hechas por su familia.

Las requisas arbitrarias continuaron como práctica regular, especialmente contra presos políticos. El perfil de las víctimas incluye al menos 65 personas, de las cuales cuatro son mujeres y 61 hombres. Entre los más afectados se encuentran los prisioneros políticos José Antonio Pompa López (Prisión de Agüica, Matanzas), Walfrido Rodríguez Piloto (Prisión Jóvenes del Cotorro, La Habana), Walnier Luis Aguilar Rivera (Prisión Nieves Morejón, Sancti Spíritus) y Eider Frómeta Allen (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba), quienes sufrieron la mayor cantidad de incidentes represivos.

Los grupos más vulnerables siguen siendo los privados de libertad por razones políticas, personas afrodescendientes y opositoras. El informe también identificó a 19 agentes estatales involucrados en las violaciones: 15 funcionarios penitenciarios y cuatro oficiales de la Seguridad del Estado.

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas advirtió que los datos presentados solo reflejan una parte de la realidad, ya que la opacidad institucional y las restricciones al acceso de observadores externos impiden una visión completa de la situación en las cárceles del país.