
El ex sacerdote Juan José Sant’Anna estuvo escondido durante 17 años en la casa de su familia en Salto, un tranquilo departamento uruguayo, sobre el Río Uruguay, pegado a Argentina. La calma de su barrio se vio sorprendidas semanas atrás cuando este ex sacerdote fue sorprendido por la Policía, que lo llevó detenido. Lo buscaban en Bolivia, donde pedían unos 30 años de condena para él por abusos sexuales. La Justicia de ese país quería que lo extraditaran, pero eso por ahora no fue posible.
Fue una investigación del diario uruguayo El País la que reactivó una historia de abusos sexuales que se había extendido durante varios años en Bolivia, donde Juan José Sant’Anna había liderado una comunidad religiosa. La periodista Mariangel Solomita había ido al encuentro de este ex sacerdote que llevaba 17 años allí, viviendo escondido.
La fuerte repercusión que tuvo el caso en Bolivia motivó que la Justicia del país actuara para juzgar allí a este religioso de 54 años. Pero la estrategia boliviana tuvo un revés.

La Justicia uruguaya negó la extradición del ex cura uruguayo, según informó el diario El País. El juez Matías Porciúncula comunicó la decisión este miércoles en una audiencia y argumentó su decisión en que los delitos por los que Sant’Anna está acusado ya prescribieron para la normativa uruguaya.
En una audiencia anterior, del 29 de octubre, la defensa del ex cura había solicitado a la justicia boliviana que aclarara la edad de presuntas víctimas, que según los testimonios en 2007 –cuando sucedieron los hechos– tenían entre 6 y 18 años. Lo que buscaba el abogado del viejo religioso era saber si el delito seguía vigente, a pesar de que una declaratoria de rebeldía había logrado detener el tiempo del proceso judicial.
¿Cuál fue el argumento del juez para negar la extradición? Porciúncula señaló que para hacer lugar al pedido boliviano la causa no debería estar prescrita en ninguno de los dos Estados.

Para tomar esa definición, el magistrado debió equiparar los delitos que se le imputan a Sant’Anna entre las dos legislaciones. El abuso deshonesto previsto en la normativa de Bolivia equivale al delito de atentado violento al pudor en Uruguay. Y el tiempo para evitar la prescripción es de 10 años, que se empiezan a contar a partir de la declaración de rebeldía en 2011. Por tanto, el plazo para imputarlo venció en 2021.
Entre 2021 y 2025, además, Bolivia no ejecutó ninguna acción para extraditarlo. Lo que hizo fue lanzar una alerta roja de Interpol en septiembre, cuando el ex sacerdote fue detenido, pero era tarde.
La Fiscalía uruguaya no apeló la decisión del juez y ahora se espera una definición de la Justicia de Bolivia, informó El País. Y, mientras tanto, el ex cura estará en libertad en su casa de Salto, esa que fue su escondite durante 17 años.

En 2005, cuando tenía 36 años, el uruguayo fue ordenado sacerdote en Tapacarí, una localidad pobre de apenas 23.000 habitantes cercana a Cochabamba. Tiene calles de piedra y tierra, y casas de barro y madera. Allí dirigió el ala masculina del Internado Ángel Gelmi, que albergaba a 72 varones de entre 8 y 17 años. Fue el 27 de octubre de 2007 que las autoridades bolivianas comenzaron a estudiar la posible ola de abusos llevada adelante por Sant’Anna.
Un grupo de psicólogos constató que el cura agredió sexualmente a distintos internos que tenían entre 6 y 18 años, algo que “habría estado ocurriendo desde hace mucho tiempo”. Esto se conoció el 30 de octubre de 2007.
De acuerdo a las versiones, Sant’Anna habría invitado a los menores a ver videos a una habitación. Una vez allí, se presume que cerraba la puerta con llave, se desnudaba, desnudaba a los niños y los abusaba de diferentes maneras. Se supo que, en algunos casos, hasta habría usado narcóticos para sedarlos. De acuerdo a las denuncias, Sant’Anna tocaba a los menores e intentó violarlos. Incluso uno de los adolescentes salió corriendo del baño.
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