La Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió un auto de llamamiento a juicio contra el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno y varios miembros de su círculo familiar, en el marco del denominado Caso Sinohydro. Las acusaciones apuntan a un presunto delito de cohecho vinculado a la adjudicación del contrato de construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a la empresa china Sinohydro.
Además del expresidente y su familia, el juez llamó a juicio al exembajador de China en Ecuador, Cai Runguo, a quien la Fiscalía identifica como uno de los autores directos del presunto esquema de cohecho. Runguo, quien representó a Sinohydro durante las etapas clave de negociación del contrato de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, habría actuado como nexo entre la empresa estatal china y funcionarios ecuatorianos.
Según los elementos expuestos en la audiencia, su rol fue determinante para facilitar la adjudicación del proyecto y para coordinar el flujo de pagos ilícitos que, de acuerdo con la Fiscalía, se canalizaron hacia las familias Moreno y Patiño. El juez dispuso la emisión de una notificación roja de Interpol para localizarlo en el extranjero, pues no reside en el país.
El llamamiento a juicio fue dictado por el conjuez Olavo Hernández, tras una diligencia en la que la Fiscalía consideró que existen elementos suficientes para presumir que Moreno —catalogado como autor directo— y su familia se beneficiaron de sobornos como condición para favorecer a Sinohydro en la contratación. Se estima que el monto de los sobornos destinados al entorno de Moreno supera el millón de dólares.
La construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair comenzó en la década de 2000, durante el gobierno de Rafael Correa, con la participación de Sinohydro. El contrato, que en su momento fue presentado como una obra estratégica para la generación eléctrica del país, hoy se encuentra bajo la sombra de uno de los escándalos de corrupción más resonantes de las últimas décadas. La acusación afirma que, entre 2009 y 2018, aproximadamente USD 76 millones en sobornos habrían sido canalizados hacia personas vinculadas a la adjudicación de la obra.
Según la Fiscalía, parte de esos fondos llegaron directamente al círculo cercano de Moreno —quien fungió como vicepresidente y más tarde como presidente, a través de intermediarios como el empresario Conto Patiño, lobista de Sinohydro. A cambio, la empresa habría recibido un contrato que le permitió ejecutar la hidroeléctrica. En su acusación, el Ministerio Público identificó transferencias bancarias, cheques y otros documentos que, según su tesis, prueban la entrega de pagos irregulares.
Entre las personas llamadas a juicio también figuran exfuncionarios, allegados y otros intermediarios, algunos señalados como cómplices, ampliando la investigación más allá del núcleo familiar de Moreno.
El llamamiento a juicio formaliza la fase de juzgamiento: las pruebas recabadas por la Fiscalía deberán ser presentadas nuevamente en un tribunal, y los imputados contarán con la oportunidad de presentar descargos. Según analistas penalistas, en el caso de Moreno, como presunto autor directo del delito, el proceso se llevará adelante ante un tribunal de la Corte Nacional.
La decisión ha generado un revuelo político notable. Entre voces de la oposición, sectores ciudadanos y la esfera mediática hay quienes celebran el avance del juicio como una señal de que la justicia finalmente avanza. Por su parte, algunos allegados a Moreno defienden su inocencia y califican el proceso como una “persecución política”.
Este giro en el caso Sinohydro —que mantiene en jaque tanto a exfuncionarios como a empresarios— deja claro que Ecuador encara un momento clave en su lucha contra la corrupción. El juicio contra quienes hasta hace poco ocupaban los más altos cargos del Estado se perfila como un hito, no solo por su magnitud económica, sino por las implicaciones políticas y judiciales que conlleva. La comunidad nacional e internacional seguirá atenta mientras se desarrollen las próximas instancias del proceso.
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