El proceso judicial en Ecuador por el asesinato de los cuatro niños del sector Las Malvinas, en Guayaquil, avanzó la última semana con nuevas revelaciones que estremecen incluso a un país ya acostumbrado a convivir con la violencia. Durante la última audiencia, la Fiscalía expuso elementos periciales, testimonios y videos que sostienen la acusación contra 17 militares, a quienes atribuye la desaparición forzada con resultado de muerte de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años; Nehemías Arboleda, de 15; y Steven Medina, de 11. Los cuatro menores fueron detenidos irregularmente durante un operativo militar el 8 de diciembre de 2024 y aparecieron días después, calcinados y con signos de tortura, en una zona boscosa cercana a la base militar de Taura.
El fiscal del caso, Christian Fárez, presentó ante la jueza Carolina Ordóñez una narrativa sostenida en pericias antropológicas, reportes de criminalística, prendas quemadas halladas cerca del sitio de hallazgo, testimonios de militares y de testigos protegidos. Según Fárez, los elementos reunidos permiten sostener que existió un “designio de causar daño” y una “actuación consciente orientada al sufrimiento y a la eliminación de los menores”. En el expediente constan al menos cuatro versiones que describen agresiones, golpes y humillaciones cometidas contra los adolescentes mientras se encontraban bajo custodia militar.
Se reveló que en fragmentos de un video hallado en uno de los teléfonos incautados se observa a un militar obligando a un menor a pelear, “como si se tratara de una especie de boxeo forzado”. La Fiscalía sostiene que estas evidencias contradicen por completo la versión inicial ofrecida por los uniformados, quienes afirmaron que los chicos habrían escapado por su cuenta luego de ser supuestamente liberados.
Los niños eran parte de familias trabajadoras y participaban activamente en actividades deportivas, artísticas y comunitarias. Ismael e Isaías Arroyo jugaban fútbol federado y acumulaban medallas y reconocimientos deportivos. Nehemías destacaba por su talento para el canto e integraba coros sociales. Steven, el menor, asistía a catequesis, participaba en programas educativos y soñaba con ser futbolista. Según relataron sus familiares en entrevistas previas, los cuatro habían salido de casa ese día a jugar, como cualquier tarde en el barrio. La reconstrucción de la Fiscalía coincide: fueron interceptados cuando volvían a casa.
El relato recogido por la investigación incluye escenas particularmente crueles. Se indicó que un oficial colocó su bota sobre el cuello de Steven, de 11 años, y que el niño fue azotado entre 20 y 30 veces con una correa. Versiones incorporadas al expediente mencionan golpes con puños, puntapiés, insultos y amenazas. A los padres les ha tocado escuchar cada detalle en medio del duelo más cruel: saber que lo último que sintieron sus hijos fue miedo, dolor y un castigo innecesario.
Los restos encontrados en Taura, altamente calcinados y con mutilaciones, complicaron el trabajo forense, pero la Fiscalía afirma que las pruebas genéticas y los indicios recogidos en campo permiten sostener la acusación. Entre los elementos, los peritos detallaron que algunas prendas quemadas, halladas en una quebrada cercana, coinciden con las que los menores llevaban el día de su detención. También se incorporó el testimonio de un soldado que afirmó haber escuchado la frase: “Hemos llegado al lugar donde van a morir”, atribuida a uno de los acusados mientras transportaban a los chicos fuera de la ciudad.
Estas revelaciones han causado conmoción en la ciudadanía que ha expresado en redes sociales su indignación frente a la actuación de los militares. La Fiscalía insiste en que los hechos encajan en la figura de desaparición forzada con resultado de muerte, un delito de lesa humanidad. Las familias exigen que el proceso avance sin presiones y que la justicia, por una vez, llegue antes del olvido. Ni las Fuerzas Armadas, ni el Ministerio de Defensa, ni el Gobierno se han pronunciado.
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