Familiares de las víctimas del operativo policial contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro ocuparon los alrededores de la morgue local, intentando identificar los cuerpos tras la redada que dejó al menos 121 muertos, incluidos cuatro agentes de policía.
La intervención comenzó el martes y derivó en la mayor cantidad de decesos registrados durante una acción de seguridad en Brasil.
La policía realizó incursiones en favelas del norte de la ciudad con el objetivo de desmantelar estructuras del Comando Vermelho, la principal facción vinculada al narcotráfico. Tras los enfrentamientos, habitantes de las zonas afectadas relataron que muchos cadáveres fueron hallados por residentes en áreas boscosas y luego trasladados hasta el Instituto Médico Legal por sus propias familias.
Este jueves, las imágenes de decenas de personas esperando detrás de los portones de la morgue se multiplicaron. Más de un centenar de cuerpos seguían sin identificar ni recibir autopsia, mientras el ambiente se llenó de escenas de angustia y solicitud de respuestas oficiales.
Los relatos de vecinos y organizaciones de derechos humanos incluyeron denuncias de signos de tortura y víctimas con manos atadas.
El secretario de Seguridad del estado, Víctor Santos, sostuvo que “cualquier irregularidad que pueda haber ocurrido será objeto de investigación”, aunque aclaró que no cree que haya habido mala conducta policial.
Por su parte, el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, defendió la operación y afirmó que “las únicas víctimas reales” fueron los policías caídos, atribuyendo al Comando Vermelho la totalidad de los fallecidos civiles.
El saldo trágico de la redada llevó a la reacción inmediata de sectores políticos y organismos internacionales. Congresistas liderados por la diputada Taliria Petrone visitaron la favela de Penha para dialogar con vecinos y recopilar denuncias, pidiendo “verdad, justicia y responsabilidad” tras la nueva masacre.
Naciones Unidas reclamó una investigación independiente tras el operativo, señalando preocupación por el elevado número de víctimas.
Funcionarios del gobierno federal indicaron que no estaban al tanto del despliegue hasta después de los hechos. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, reconoció la falta de comunicación previa y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva instó a combatir el crimen de forma coordinada, sin exponer a las fuerzas de seguridad ni a familias inocentes.
Lula firmó este jueves una ley que refuerza la protección de los agentes dedicados a combatir el crimen organizado.
“El gobierno brasileño no tolera las organizaciones criminales y actúa con determinación para combatirlas”, dijo.
El operativo produjo el cierre de escuelas, suspensión de servicios públicos y restricciones en las principales vías de la ciudad.
Mientras avanza la identificación de cadáveres en la morgue, la demanda de explicaciones y justicia se extiende entre las familias afectadas.
Las autoridades brasileñas lanzaron este jueves un operativo dirigido contra el blanqueo de dinero del Primer Comando de la Capital (PCC), otra de las grandes organizaciones criminales del país, que también mantiene operaciones internacionales.
La acción policial se concentró en Campinas, al sureste de San Pablo, donde oficiales ejecutaron nueve órdenes de arresto y once de allanamientos, con el objetivo de desarticular esquemas de lavado que involucraban a empresarios, influenciadores y narcotraficantes.
Durante el operativo, las fuerzas decomisaron inmuebles y congelaron cuentas bancarias. Se sospecha que los implicados mezclaban fondos del tráfico de drogas con actividades comerciales legítimas para ocultar su origen. Medios locales informaron que resultaron detenidas cuatro personas y un sospechoso murió en la operación. Las autoridades no han entregado detalles oficiales.
En agosto, una acción de mayor envergadura desmanteló una red de lavado de dinero relacionada con el negocio del combustible, donde las ganancias ilícitas se canalizaban a través de estaciones de servicio y luego se transferían a bancos digitales y aplicaciones fintech.
Las autoridades calcularon que el PCC pudo haber lavado cerca de 10.000 millones de dólares entre 2020 y 2024 solo a través de la cadena de combustibles.
(Con información de Reuters y EFE)
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