La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) solicitó a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la adopción de reformas inmediatas para evitar nuevas sanciones comerciales de Estados Unidos y una posible expulsión del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).
Desde el exilio, la alianza exigió la restitución de derechos, el restablecimiento de organizaciones civiles, la libertad para los medios independientes y la liberación de personas presas por motivos políticos.
La CDN insistió en que la dictadura debe aceptar el monitoreo internacional de garantías laborales y civiles y garantizar la independencia judicial.
Además, responsabilizó al régimen por el deterioro institucional y la represión sistemática en el país. La organización advirtió que estas medidas serían el camino para disminuir el riesgo de sanciones y permitir una transición pacífica mediante reformas auténticas y elecciones verdaderamente libres.
Estados Unidos analiza la posibilidad de aumentar los aranceles hasta un 100% a los productos nicaragüenses, así como la expulsión del país del DR-CAFTA, después de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) concluyera que las políticas implementadas por la dictadura en temas de derechos humanos y laborales afectan el comercio estadounidense y restringen libertades esenciales para la convivencia democrática.
La USTR calificó las prácticas del régimen de Ortega y Murillo como “irrazonables”, razón que motiva la advertencia sobre futuras medidas comerciales.
El informe de la USTR denuncia confiscaciones ilegales, persecución religiosa y cierre de instituciones educativas como argumentos centrales para una posible suspensión o eliminación de los beneficios comerciales del DR-CAFTA.
A su vez, la CDN afirmó que la crisis resulta de años de corrupción y abuso de poder bajo el control de la dictadura de Ortega y Murillo.
Mediante un comunicado repleto de contundencia recogido por EFE, la organización declaró: “Exigimos a los Ortega Murillo que impulsen medidas concretas e inmediatas para evitar que más familias paguen el costo de la crisis”.
De acuerdo con The New York Times, es frecuente el arresto de opositores sin registro formal ni información sobre su paradero. Existen cerca de 36 casos documentados en los que las autoridades han negado datos sobre personas detenidas, y de los 73 prisioneros políticos reconocidos oficialmente, casi la mitad no figura en registros judiciales.
Las familias suelen desconocer los cargos que pesan sobre sus allegados. Los recorridos infructuosos por cárceles y comisarías, sumados a amenazas de arresto o confiscación de bienes, alimentan la incertidumbre y el temor.
El impacto de estas desapariciones afecta a líderes comunitarios, docentes, periodistas, pastores, indígenas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Las demandas hacia el régimen se intensifican mientras persiste un clima de inestabilidad institucional y social. La atención regional y global permanece centrada en el desarrollo de los acontecimientos locales.
(Con información de EFE)
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