La dictadura de Daniel Ortega concedió nuevas minas a empresas chinas en Nicaragua y amplía su dependencia de Beijing

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó tres nuevas concesiones mineras a cielo abierto —dos a empresas chinas y una a una firma local— que abarcan más de 55.000 hectáreas en los departamentos de Matagalpa, Madriz y Chontales. Con esta decisión, el sandinismo consolida su estrecha alianza económica con China, a la que ha entregado más de 700.000 hectáreas para explotación minera en los últimos dos años.

Según publicó el Diario Oficial La Gaceta, el Ministerio de Energía y Minas concedió a la compañía china Thomas Metal S.A. una licencia de 34.431 hectáreas en el lote Santa Emilia, al norte del país. La empresa, representada por Xiaocun Bao, ciudadana china con residencia nicaragüense, acumula ya más de 153.000 hectáreas en concesiones durante 2025.

Otra firma china, Brother Metal S.A., obtuvo una concesión de casi 4.900 hectáreas en el lote Yalaguina, en la provincia de Madriz, fronteriza con Honduras. En ambos casos, se trata de licencias para la explotación de minerales metálicos y no metálicos, en territorios rurales con alta riqueza ecológica.

El Ejecutivo también favoreció a la empresa nicaragüense Global Group S.A. con una concesión de 15.950 hectáreas en el municipio de Villa Sandino, en Chontales. Aunque se trata de una compañía nacional, esta ha recibido un volumen similar de licencias al de las firmas chinas: más de 137.000 hectáreas desde su creación en 2021.

Las concesiones se suman a una ola de licencias otorgadas por el régimen sandinista desde 2023, cuando estrechó sus lazos con Beijing tras romper relaciones diplomáticas con Taiwán. La entrega masiva de territorios mineros a empresas chinas ha coincidido con un incremento sostenido de las exportaciones de oro, que en 2024 generaron 1.391 millones de dólares, un 20 % más que el año anterior, según el Banco Central de Nicaragua.

El sector minero se ha convertido en una de las principales fuentes de divisas del país, junto con las remesas y la cooperación china. Sin embargo, la falta de transparencia y de mecanismos de rendición de cuentas ha despertado preocupación entre organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.

Ecocidio y violación de derechos indígenas

La Fundación del Río, dirigida por el ambientalista exiliado Amaru Ruiz, denunció que el nuevo paquete de concesiones viola la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y legaliza la minería en zonas protegidas como la Reserva de la Biosfera del Río San Juan. Según la ONG, el régimen de Nicaragua eliminó en mayo la normativa que regulaba las áreas de conservación mediante la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, lo que abrió la puerta a la explotación sin controles ambientales.

Ruiz advirtió que el régimen “está desmantelando la estructura legal de protección ambiental para entregar el territorio a intereses extranjeros”. Las comunidades indígenas y campesinas, añadió, no han sido consultadas ni informadas sobre las concesiones, en violación del Convenio 169 de la OIT.

La estrategia de Beijing

La creciente presencia de empresas chinas en la minería nicaragüense se inscribe en la estrategia de Beijing de consolidar influencia en América Central, una región históricamente alineada con Washington. Desde que Ortega rompió con Taipéi en 2021, China ha incrementado su apoyo financiero y tecnológico a Managua, ofreciendo inversiones en energía, infraestructura y telecomunicaciones.

Analistas consultados por medios regionales señalan que el régimen de Ortega ha utilizado esta alianza para eludir sanciones occidentales y obtener liquidez en medio del aislamiento internacional. Las concesiones mineras, que involucran metales estratégicos para la transición energética —como oro, cobre y litio—, fortalecen el vínculo económico con Pekín y otorgan al régimen ingresos difíciles de rastrear.

El régimen nicaragüense no ha ofrecido declaraciones sobre el contenido de las nuevas licencias. La información publicada por La Gaceta se limita a describir las coordenadas y las superficies de los lotes, sin detallar los estudios de impacto ambiental ni los compromisos sociales de las empresas.

Mientras tanto, la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), que agrupa a opositores en el exilio, calificó las concesiones como “un ecocidio de Estado” y exigió su anulación inmediata. “El régimen está hipotecando los territorios indígenas a cambio de oxígeno político de China”, expresó el colectivo en un comunicado.

Nicaragua, un enclave minero autoritario

Desde 2018, el régimen de Ortega ha consolidado un modelo extractivista bajo control militar y policial, expulsando o encarcelando a ambientalistas y líderes comunitarios. Las empresas mineras operan en un entorno de censura y represión, sin fiscalización independiente ni prensa libre que supervise sus actividades.

Con el nuevo paquete de concesiones, Nicaragua se reafirma como un enclave minero subordinado al poder chino, en el que la riqueza del subsuelo contrasta con la pobreza creciente de la población. En un país donde la democracia y la naturaleza han sido despojadas por decreto, el oro sigue brillando solo para los aliados del poder.