El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua, volvió a ampliar la presencia de empresas chinas en la industria minera del país con una nueva concesión a cielo abierto, esta vez de 9.300 hectáreas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, cedida a la compañía Zhong Fu Development S.A.
La disposición, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, consolida la expansión de capitales extranjeros en la explotación de minerales metálicos y no metálicos en territorios de alta biodiversidad, con un acumulado que supera las 190.000 hectáreas para Zhong Fu en apenas dos años.
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Según datos del Ministerio de Energía y Minas, la nueva concesión abarca zonas de los municipios de El Rama y Muelle de los Bueyes. Sólo en el último bienio, la dictadura Ortega-Murillo ha otorgado cerca de 30 concesiones mineras a firmas chinas, abarcando casi 600.000 hectáreas. Algunas de esas áreas incluyen la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, declarada de importancia global por su diversidad ambiental y cultural.
La Fundación del Río, encabezada por el ambientalista exiliado Amaru Ruiz, calificó la política de entregar tierras a empresas extranjeras como una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal Indígena.
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“El Estado de Nicaragua viola los derechos territoriales de los pueblos indígenas al otorgar estas concesiones sin seguir los procedimientos legales que establece el convenio 169 de la OIT”, alertó Ruiz.
El ambientalista también advirtió sobre la legalización de la minería en áreas protegidas tras la derogación de regulaciones ambientales fundamentales, lo que incrementa la vulnerabilidad en territorios indígenas y zonas de conservación.
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Organizaciones opositoras en el exilio, agrupadas en la Plataforma de Unidad por la Democracia, califican el avance minero de capital chino como un “ecocidio” y denuncian la apropiación de recursos en detrimento de los derechos indígenas. Han exigido la anulación inmediata de todas las licencias mineras otorgadas en estos territorios. La Fundación del Río ha señalado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan y la legitimación de esas actividades tras la reciente reforma de legislación ambiental.
De acuerdo con cifras oficiales, hasta finales de 2023 Nicaragua acumulaba 299 concesiones mineras, 172 para minería metálica y 127 para no metálica. El crecimiento de la minería, potenciado por el interés de capitales extranjeros, se refleja en las exportaciones del sector: en 2024, las ventas mineras nicaragüenses sumaron 1.391 millones de dólares, un alza del 20,1 por ciento respecto a 2023. El oro lidera las exportaciones, beneficiado por el aumento de precios y volumen de extracción.
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El régimen autorizó también importantes proyectos a empresas canadienses y británicas. Calibre Mining, de capital canadiense, fue la principal exportadora de oro en 2023, con una nómina de 3.500 trabajadores. La británica Metals Exploration, a través de su filial Condor Gold Nicaragua, anunció inversiones por 160 millones de dólares en la mina La India, en León, donde se espera que la producción inicie en diciembre de 2026. La explotación prevé emplear hasta 1.600 trabajadores durante su fase constructiva y entre 1.000 y 1.200 durante la operación.
La entrega de concesiones coincide con una profundización de la presencia china en sectores clave de la economía nicaragüense desde que el régimen de Ortega rompió lazos con Taiwán y afianzó relaciones estratégicas con la República Popular China. El régimen de Managua ha firmado acuerdos en minería, energía e infraestructura, consolidando la influencia del gigante asiático en el país. Mientras tanto, comunidades indígenas y grupos ambientalistas insisten en que ninguna de las entregas fue precedida por consulta ni consentimiento previo.
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La política extractivista avanza pese al creciente señalamiento de daños ambientales, desplazamiento de pueblos originarios y endurecimiento de la represión contra organizaciones de la sociedad civil.
El oro, la plata y otros metales mantienen su rol como motor de ingreso para las arcas del régimen, en medio de un incremento sostenido de denuncias por violación de derechos y afectaciones socioambientales en zonas protegidas.
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(Con información de EFE)
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