El Tribunal de Juicio Oral de Iquique (1.750 kms al norte de Santiago), condenó a 12 años de cárcel a Luis Antonio Tocas Romero -de nacionalidad peruana-, y a 10 años a Alejandra Arteaga Pacamia, Milena Arteaga Pacamia y Jhoan Sebastián Zeballos Saucedo -todos bolivianos-, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de migrantes contra siete mujeres bolivianas.
Todos eran miembros de un mismo clan familiar y regentaban dos burdeles clandestinos en la comuna aledaña de Alto Hospicio, hasta donde atraían a las mujeres -dos de ellas menores de edad y una incluso con su hijo-, con la promesa de trabajar como camareras.
La banda fue detenida por la Policía de Investigaciones (PDI) a fines de noviembre de 2023 y durante el juicio, la fiscal Jócelyn Pacheco logró acreditar que los cuatro condenados contactaban jóvenes en la ciudad de Riberalta, en Bolivia, y las internaban ilegalmente a Chile por pasos no habilitados.
Una vez en el país, las obligaban a ejercer el comercio sexual a fin de pagar la deuda contraída por los gastos del viaje, configurándose de esa manera la explotación.
En ambos locales se expendía además alcohol de manera ilegal, y los servicios de las muchachas eran promocionados en la página web skokka.com, en la que es posible apreciar sus fotografías y contactarlas.
Entre los testimonios presentados por la Fiscalía se cuentan los de dos menores de edad de 15 y 17 años, y el de la mujer que logró avisar a su familia y así activar el operativo que finalmente terminó rescatándolas.
Las víctimas
De acuerdo a antecedentes de la causa, las primeras víctimas llegaron en abril de 2023. Se trata de Y.F.O y Y.R.O (menor de edad), quienes fueron contactadas por Milena Arteaga e ingresadas al país por Jhoan Zeballos.
Ese mes otra chica proveniente de Santa Cruz, identificada como A.H.M.F, ingresó de manera voluntaria para ejercer de trabajadora sexual, tras contactarse con Luis Tocas.
En octubre, Y.P.S., D.Y.M. y P.A.F, entraron al país para trabajar como meseras. Esta última venía en compañía de sus dos hijas menores de edad, una de ellas de solo tres años.
Todas ellas fueron repartidas en ambos prostíbulos, mientras que las menores de edad fueron llevadas a la comuna cercana de Pozo Almonte, donde quedaron al cuidado de una quinta persona.
La llamada y el rescate
A inicios de noviembre, la joven identificada como Y.P.S., llamó a su familia contándoles el calvario que estaba viviendo y clamando por ayuda. De inmediato, sus cercanos estamparon una denuncia, la que fue refrendada por la misma mujer, quien entregó las direcciones de los lenocinios y la identidad de sus regentes.
En paralelo, otra chica de iniciales J.S.O., era internada por un paso no habilitado junto a su bebé de solo 10 meses. Ella, y las otras seis jóvenes, fueron finalmente rescatadas por los efectivos policiales que allanaron las casas donde se las mantenía y obligaba a prostituirse.
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