El partido opositor Vente Venezuela (VV) denunció al menos 30 detenciones arbitrarias en seis estados durante octubre, según datos presentados por su Comité de Derechos Humanos.
La organización informó que, junto con estos arrestos, se produjeron allanamientos de viviendas ejecutados en numerosas ocasiones sin orden judicial y se reportó la sustracción de bienes, entre ellos vehículos y teléfonos móviles.
El comunicado, divulgado el viernes a través de los canales oficiales del partido, responsabiliza a distintas fuerzas estatales por estos operativos, en el marco de una serie de acciones represivas que, según la agrupación liderada por María Corina Machado, se han intensificado en los últimos días.
Las detenciones alcanzaron a militantes políticos, líderes sociales y familiares de dirigentes opositores, quienes fueron sometidos a incomunicación y sin información oficial sobre su paradero.
El informe precisa que la intervención de las autoridades se centró en Lara, Anzoátegui, Guárico, Vargas, Mérida y Sucre, con actuaciones que violaron los procedimientos judiciales establecidos por la ley venezolana.
Entre los casos recientes destaca la detención de los hermanos José y Omario Castellanos y su madre Blanca de Loaiza, apresados tras un operativo en su residencia del estado Lara llevado a cabo por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
VV alertó sobre la confiscación arbitraria de pertenencias a los afectados, lo que representa una doble vulneración de derechos. Además, exigió públicamente el cese de la persecución y la liberación inmediata de las personas que siguen privadas de libertad. La denuncia fue replicada por las redes sociales del partido, con llamados a la comunidad internacional para monitorear la situación.
Entre otros nombres identificados en los documentos divulgados por VV figuran Alexis Guedez y Luz María Rodríguez, detenidos en Lara por funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Según la organización, estos arrestos forman parte del hostigamiento contra una dirigente opositora con vínculos familiares, lo que sugiere una lógica persecutoria que alcanza más allá de la militancia directa.
Las denuncias coinciden con la inminente canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, ceremonia que entidades civiles consideran una oportunidad para visibilizar los reclamos por la libertad de los llamados presos políticos. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y familiares de detenidos han intensificado los pedidos de excarcelación ante las autoridades.
Por su parte, la ONG Foro Penal comunicó que el número actualizado de presos políticos en Venezuela es de 845, con 689 privados de libertad sin sentencia firme bajo detención preventiva.
Además, señaló la existencia de 37 casos recientes de desaparición forzada. Representantes de Foro Penal enviaron una carta al papa León XIV pidiendo su mediación durante las celebraciones religiosas de octubre, en demanda de libertad y justicia para los internos.
Ante este escenario, la Fiscalía General y el régimen de Nicolás Maduro niegan la existencia de presos políticos, afirmando que los detenidos enfrentan cargos penales conforme a la legislación vigente.
Sin embargo, esta postura ha sido rechazada por las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, que consideran sólida la evidencia de motivaciones políticas o vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales tras muchos de estos arrestos.
(Con información de EFE)
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