
A días de la segunda vuelta presidencial que definirá el rumbo político de Bolivia, el abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzain, director del Interamerican Institute for Democracy, afirma que el país vive bajo un sistema que “no reúne ninguno de los elementos esenciales de la democracia” y que solo podrá recuperar la institucionalidad “si el próximo presidente restituye la República y la Constitución de 1994”.
El balotaje del 19 de octubre enfrentará a Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, y al ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, quienes disputan la conducción de un país en crisis económica y política tras el declive del Movimiento al Socialismo (MAS).
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En diálogo con Infobae, el exministro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado el 17 de octubre de 2003, explicó que aquel hecho fue “el golpe de Estado que destruyó la democracia boliviana” y marca el inicio del actual modelo político. “En 1982 Bolivia recuperó la democracia; en 2003 la perdió. Y ahora, el 19 de octubre, puede volver a encontrarla”, sostiene.
Sánchez Berzain recordó la Bolivia de hace dos décadas como “una potencia gasífera con estabilidad económica, libre mercado y creciente inversión internacional”, en contraste con lo que describe como una “dictadura del socialismo del siglo XXI”. Aseguró que el país se ha convertido en “un narcoestado con más de 300 presos políticos, 28.000 exiliados y un sistema judicial sometido al poder”. Con énfasis, sentencia: “Nada puede ser peor que lo que hay en Bolivia.”
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A continuación, extractos de la entrevista con Infobae:
—¿Cómo observa el panorama en Bolivia ante las elecciones de este fin de semana?
—Bolivia llega a esta segunda vuelta en una situación anómala. En 2003 perdió la democracia con el derrocamiento del presidente constitucional Sánchez de Lozada, y este 19 de octubre puede recuperarla. Esa es la verdadera elección: continuar con el sistema dictatorial del Estado Plurinacional o volver a la República de Bolivia. Hace veintidós años, Bolivia era la potencia gasífera de Sudamérica, exportaba gas a Argentina y Brasil, y se preparaba para hacerlo a Estados Unidos y México. Había estabilidad económica, libre mercado y confianza. Todo eso se perdió. Hoy el país vive bajo un sistema que ha destruido sus instituciones.
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—Usted propone restituir la Constitución de 1994. ¿Cómo podría concretarse ese proceso?
—El proceso es sencillo. Volver a la República es simplemente la firma de un decreto presidencial del presidente electo. La Constitución del Estado Plurinacional nace de falsificaciones: primero falsificaron una ley, luego otra, y finalmente impusieron una constitución mediante masacres, una de ellas reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cambio, la Constitución de la República sigue vigente de pleno derecho. Contiene un artículo que declara nulos los actos de quienes usurpan funciones que no les competen. Esa nulidad no necesita juicio ni declaración, porque algo que nace muerto no puede tener efecto jurídico. Por eso el nuevo mandatario tiene que decidir: o sigue siendo parte del sistema dictatorial, o se convierte en el presidente legítimo de la República de Bolivia.
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—¿Cómo evitar que esa restitución genere una nueva crisis de legitimidad?
—La crisis ya existe. Bolivia está en una situación anómala desde el golpe de 2003. Lo que propongo no crea una crisis, sino que la resuelve. La Constitución republicana ofrece el marco jurídico para restablecer la legalidad. Solo al devolver vigencia a esa Constitución podrán recomponerse las instituciones democráticas y, con ellas, la economía. No se puede arreglar la economía sin antes recuperar la institucionalidad.
—¿Cómo se podría garantizar la independencia de los poderes públicos?
—Primero, nada será peor que lo que hay. Hoy la justicia está sometida al poder político. Lo que corresponde es restituir el procedimiento republicano: el Congreso debe convocar concursos de méritos, calificar currículos y elegir magistrados en ternas. Es un mecanismo transparente y deliberativo, completamente distinto al modelo del socialismo del siglo XXI que rige en Venezuela, Nicaragua y Bolivia, donde los jueces dependen del poder y no de la ley. Si aún quedaran magistrados legítimos de la República, deberían ser restituidos. Si no, el Congreso, conforme al procedimiento constitucional, debe nombrar a los nuevos. Es el único camino para devolver independencia a los poderes públicos.
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—¿Qué papel puede desempeñar la comunidad internacional en este proceso?
—La elección de este domingo ya está definida. Lo llamativo es que no hay un candidato del régimen. De los ocho postulantes de la primera vuelta, tres eran del sistema y cinco aceptados por él. A varios opositores, como Jaime Dumas, simplemente no se les permitió participar, como ocurrió con María Corina Machado en Venezuela. Por eso es indispensable la observación internacional, para que se respete la voluntad popular y se garantice la transición democrática. Además, la comunidad internacional debe recordar que la Carta Democrática Interamericana obliga a los Estados miembros a mantener los elementos esenciales de la democracia. En Bolivia, ninguno de esos elementos está presente.
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—¿Existen responsabilidades pendientes por los hechos de 2003 y los años posteriores?
—Sí, hay responsabilidades graves. Lo primero que debe hacer el nuevo gobierno es anular las amnistías que protegieron a los conspiradores del golpe de 2003 y a los responsables de las masacres posteriores. Carlos Mesa otorgó dos amnistías a quienes derrocaron al presidente, y Evo Morales hizo lo mismo después. La democracia no puede funcionar con amnistías; la justicia debe ser transparente y sin privilegios. Si se restablece la Constitución, deben esclarecerse todas las responsabilidades: las del golpe de Estado, las de la imposición de la Constitución con violencia, las de la corrupción y las del narcotráfico. Solo así podrá haber reconciliación.
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—¿Qué modelo internacional puede servir de referencia para Bolivia?
—El caso de Lenín Moreno en Ecuador. Era el vicepresidente de Correa, heredó una dictadura con presos políticos, censura, corrupción y narcoestado. Moreno decidió cambiar: abrió la justicia, restableció la cooperación con la DEA y con Estados Unidos, permitió la independencia judicial y aplicó los principios de la Carta Democrática Interamericana. Sufrió varios intentos de golpe, incluso tuvo que trasladar el gobierno de Quito a Guayaquil, pero persistió y logró desmontar el sistema autoritario. Ese es el ejemplo.
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El resultado del 19 de octubre definirá la orientación política e institucional de Bolivia para los próximos años. Para Sánchez Berzain, el país está ante una encrucijada: “No me importa quién gane la elección. Lo importante es que el vencedor restituya la República”. La elección, advierte, trasciende la contienda partidaria y enfrenta a los ciudadanos a la decisión de retomar el modelo republicano o mantener el sistema plurinacional forjado en las dos últimas décadas.
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