La fuga de 20 reclusos de la pandilla Barrio 18 desató una crisis política y de seguridad en Guatemala

La fuga de 20 reclusos de la pandilla Barrio 18 desde la cárcel Fraijanes II sacudió al Estado guatemalteco. En pocas horas, el escándalo escaló de un problema de seguridad penitenciaria a un conflicto político con miras internacionales. El gobierno se declara en emergencia; la oposición demanda cabezas. El país exige respuestas urgentes.

Desde el domingo por la noche las autoridades confirmaron que los reos —todos de “alta peligrosidad”, según el gobierno— habían escapado de la prisión. No se precisó cuándo ocurrió exactamente la fuga. Solo cuando se hizo una requisa rutinaria se detectó que faltaban 20 internos, lo que confirma que el escape no fue masivo ni instantáneo sino progresivo.

El ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, desplegó una estrategia rápida de comunicación: activación de cooperación internacional con Interpol, coordinación con El Salvador, Honduras y México, y refuerzo de vigilancia en fronteras y perímetros carcelarios. Este lunes fue recapturado uno de los fugitivos: Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias Black Demon. Estaba preso desde 2004 y condenado a 180 años por asesinato, extorsión y robo agravado.

La respuesta en el sistema penitenciario fue inmediata: el ministro destituyó al jefe del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, y al director y subdirector de la cárcel Fraijanes II. En total, nueve funcionarios fueron separados de sus cargos. Aunque la exigencia política creció, el ministro dejó en claro que no piensa renunciar.

La dimensión externa del caso es decisiva. En septiembre, Estados Unidos declaró a Barrio 18 como organización terrorista. Esa decisión aumentó la presión internacional sobre el Gobierno guatemalteco. La embajada de EEUU calificó la fuga como “totalmente inaceptable” y urgió la recaptura de los reos fugitivos, señalándolos como una amenaza más allá de las fronteras.

El modus operandi del escape genera sospechas: se habría tratado de fugas individuales o en parejas, aprovechando visitas de familiares. La revisión tardía de los registros penitenciarios revela fallos estructurales graves. Y la hipótesis de complicidad interna ya figura entre las líneas de investigación abiertas por el Ministerio Público.

Ante la gravedad del suceso, el gobierno ofreció recompensas de alrededor de 19.500 USD por cada reo fugado. Jiménez aseguró que las denuncias de colaboración con los pandilleros serán perseguidas con todo el peso de la ley y reclamó apoyo técnico estadounidense para instalar un sistema biométrico de control en prisiones. También promovió un proyecto de Ley Antipandillas que contempla construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento más estricto y controles de visita más severos.

Sin embargo, ese plan choca con la coyuntura política interna. Varios diputados electos por el Movimiento Semilla —hoy inscritos en una nueva agrupación llamada Raíces— exigieron la remoción del ministro Jiménez. Samuel Pérez Álvarez, en representación de esa bancada, sostuvo que Jiménez “ya no goza de nuestra confianza ni la del pueblo” y acusó al funcionario de incompetencia.

Guatemala vive una violencia crónica. Mara Salvatrucha y Barrio 18 controlan territorios urbanos, cobran extorsiones y generan homicidios. En 2024, cuando líderes de ambas pandillas fueron trasladados a la prisión Renovación I bajo aislamiento, se detonaron motines, un guardia murió y se extendió el caos penitenciario.

La pandilla Barrio 18 (también llamada 18th Street, Mara 18 o simplemente La 18) nació en Los Ángeles en la década de 1960. Su origen está ligado a jóvenes latinoamericanos que no encontraban cabida en pandillas hispanas existentes como la Clanton 14. Al frustrarse su aspiración de integrarse, crearon su propia célula, abierta a múltiples etnias desde el inicio.

Con el tiempo, Barrio 18 adoptó una estructura descentralizada basada en clikas, células territoriales semiautónomas que controlan barrios o colonias y responden ante líderes regionales, las llamadas “tribus”, y a los toros, que coordinan las operaciones desde las cárceles o en libertad. En Estados Unidos su expansión fue rápida, pero su influencia se proyectó con mayor fuerza cuando muchos de sus miembros fueron deportados a Centroamérica. Allí se consolidó, especialmente en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Durante las décadas de los 2000 y 2010, Barrio 18 extendió sus operaciones delictivas: extorsión, narcotráfico, sicariato, desplazamiento forzado, control territorial urbano y alianzas ocasionales con redes criminales. En ese proceso, rivalizó ferozmente con la Mara Salvatrucha (MS-13) por el dominio de zonas urbanas y rutas de ingresos. Uno de los crímenes más notorios fue la masacre de Mejicanos en 2010 en El Salvador, cuando Barrio 18 quemó un microbús y disparó contra sus ocupantes en venganza por la muerte de un miembro; murieron 19 personas.

Hoy Barrio 18 continúa siendo una de las estructuras criminales más peligrosas de Centroamérica. En Guatemala el Estado lo enfrenta con estrategias de represión, construcción de cárceles de máxima seguridad y reformas legislativas. Su capacidad de operar pese al cerco refleja la fragilidad institucional que padecen muchos países de la región.