“Desierto informativo” en Nicaragua: el dictador Ortega convirtió al país en el más peligroso para ejercer el periodismo en Centroamérica

La directora de la Red Centroamericana de Periodistas, Angélica Cárcamo, advirtió que Nicaragua se ha convertido en el país “más crítico” para ejercer el periodismo en la región.

“El caso más crítico es el de Nicaragua, donde tenemos una dictadura desde la crisis política de 2018, donde hay más de 200 periodistas exiliados en Costa Rica, muchos de ellos han perdido su nacionalidad y los pocos que están ejerciendo al interior de Nicaragua siguen siendo criminalizados y perseguidos”, declaró.

Cárcamo señaló además que en toda la región se observa un “acelerado deterioro del estado de derecho”, con gobiernos que transitan de “débiles democracias hacia gobiernos autocráticos y dictaduras”.

El panorama se confirma con las cifras del informe Voces Desplazadas: Radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018-2024, que documenta que 913 periodistas han debido abandonar sus países en América Latina para salvar sus vidas y las de sus familias. De ellos, un tercio corresponde a Nicaragua.

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) registra el exilio de 304 periodistas nicaragüenses desde 2018. Once de ellos abandonaron el país entre julio y septiembre pasado, según su III Informe Trimestral 2025.

La FLED documenta además 31 casos de agresiones y ataques contra medios y periodistas entre julio y septiembre, y señala que en algunos departamentos del país ya no existe prensa independiente.

Según el informe, el “desierto informativo” alcanza ya a 11 de los 17 departamentos de Nicaragua. “Durante el trimestre analizado, el departamento de Chinandega se incorpora a la lista de territorios donde ya no existen periodistas independientes en el ejercicio de la profesión. Con ello, ascienden a once las zonas del país convertidos en zonas grises sumidas en el silencio, donde la ciudadanía ha sido despojada de su derecho a informarse de manera independiente”, indica.

“Hoy, el 65 % del territorio nicaragüense se encuentra sin ejercicio periodístico independiente, resultado de un desmantelamiento sistemático que combina múltiples estrategias represivas: asedio, intimidación, confiscaciones, encarcelamientos, exilio forzado y otras formas de persecución”, añade.

El costo humano se refleja en historias como la de Rubén, un periodista nicaragüense de 39 años que vive en la clandestinidad. Trabaja para dos plataformas digitales en el extranjero, nunca firma sus notas con su nombre, evita salir de casa y mantiene un perfil bajo en redes sociales.

“Así como estoy ni trabajo bien, ni vivo tranquilo. Siempre estoy pensando que me vienen a llevar preso, a pesar de que yo no he cometido ningún delito”, dice.

El informe de FLED también denuncia la desaparición forzada de tres periodistas: Fabiola Tercero, Elsberth D’Anda y Leo Catalino Cárcamo. El caso de Tercero suma ya más de 14 meses de silencio absoluto de las autoridades, pese a los llamados de organismos internacionales.

“El gobierno de Nicaragua ha convertido la desaparición de periodistas en un mensaje de intimidación colectiva que busca debilitar el trabajo de la prensa independiente y la esperanza de un país que clama por justicia y verdad”, señala el documento.

La persecución contra el periodismo ha llegado al extremo de obligar a quienes permanecen en Nicaragua a convertirse en informantes. Testimonios recogidos por FLED describen detenciones arbitrarias, interrogatorios y amenazas para presionar a los comunicadores a espiar a sus propios colegas, incluidos los que viven en el exilio.

Una periodista relató: “Me subieron a una camioneta y me sometieron a un interrogatorio. Me mostraron documentos con pagos y contratos de medios en el exilio. Tenían toda mi información. Es evidente que existe un aparato de espionaje digital y redes de troles que monitorean cada movimiento en redes sociales”.

Otra comunicadora confesó que fue amenazada con el despojo de sus bienes “si no revelaba información sobre colegas exiliados en Costa Rica”, mientras que un periodista contó que le ordenaron salir del país y luego le permitieron permanecer únicamente si aceptaba convertirse en informante.

“Con una adulta mayor enferma a mi cuidado, me siento al borde del colapso”, declaró. En otros casos, los obligan a firmar diariamente en delegaciones policiales o a reportar sobre vecinos, bajo la advertencia de que “nadie puede ser neutral: o se está con el gobierno o se está en contra”.

En este contexto, las palabras del papa León XIV cobran un peso simbólico. Durante la 39 Conferencia de la Asociación Internacional Minds recordó que “la información es un bien público que todos debemos proteger” y reiteró que “el ejercicio de la profesión periodística nunca puede considerarse un crimen, sino que es un derecho que se debe proteger. El libre acceso a la información es el pilar que sostiene el edificio de nuestras sociedades, y por este motivo estamos llamados a defenderlo y garantizarlo”.

Rubén, que vive preparado para el exilio, repite que no quiere dejar sola a su madre, una anciana enferma que depende de él. Su vida es una contradicción: no puede trabajar libremente, pero tampoco puede abandonar a su familia. “Yo sé que me tocará salir. Solo pienso en qué será de mi mamá cuando ya no esté aquí”, dice, consciente de que su destino se juega entre la cárcel, el silencio o el exilio.