El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica solicitó este martes a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad constitucional del presidente Rodrigo Chaves para procesarlo por supuesta “beligerancia política”, una acusación que se refiere a la intromisión de altos funcionarios en asuntos electorales.
El pedido surge dos semanas después de que el Congreso rechazara una solicitud similar para enjuiciar a Chaves por presunta corrupción, confirmando así la creciente presión institucional sobre el mandatario en medio de un ambiente político polarizado y marcado por desgaste de los partidos tradicionales, fragmentación opositora y un aumento de la inseguridad ligada al narcotráfico.
La petición del TSE responde a denuncias presentadas por dirigentes políticos opositores, entre ellos Ricardo Sancho Chavarría, presidente del Partido Liberación Nacional, y Juan Fabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana, junto a legisladores y ciudadanos que acusan a Chaves de intervenir en la campaña de los comicios previstos para febrero de 2026.
Según los comunicados oficiales del TSE, las denuncias agrupadas superaron la valoración de admisibilidad, pero el tribunal destacó la obligación legal de solicitar primero el levantamiento de la inmunidad presidencial antes de iniciar un procedimiento sancionatorio.
Los magistrados señalaron que el 27 de junio dictaron la prohibición a Chaves de intervenir en la campaña electoral, pues consideraron que el presidente aprovechó su cargo para favorecer ilegítimamente a un programa político, contraviniendo la Constitución y el Código Electoral costarricense. Estas normativas impiden al presidente, vicepresidentes y ministros participar en actividades políticas y usar sus cargos en beneficio de partidos.
El procedimiento abierto podría derivar en la destitución de Chaves y su inhabilitación para ocupar cargos públicos entre dos y cuatro años, precisó el letrado del TSE, Juan Luis Rivera.
Chaves, economista y político de 64 años, ha mantenido una postura crítica frente a las decisiones del TSE, acusando al tribunal de parcialidad y de intentar ponerle una “mordaza” al gobierno tras ordenar la suspensión de toda propaganda gubernamental en medios tradicionales y por primera vez en redes sociales. Hasta el momento, ni el presidente ni la Casa Presidencial han emitido declaraciones oficiales tras la más reciente solicitud del TSE.
El avance de las investigaciones por beligerancia política coincide con la reciente negativa legislativa a desaforar a Chaves a raíz de una acusación de la Fiscalía sobre presunta corrupción. El 1 de julio, la Corte Suprema de Justicia avaló la petición de la Fiscalía General para retirar la inmunidad al presidente, quien fue acusado de presionar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia para que entregara USD32.000 a su amigo y ex asesor de imagen, Federico Cruz. En ese caso, la contratación habría utilizado fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mediante un procedimiento aparentemente indebido. La votación en el Congreso, que se celebró el 23 de septiembre, no alcanzó la mayoría calificada necesaria de 38 votos; la moción obtuvo 34 votos a favor y 21 en contra, permitiendo a Chaves mantener su inmunidad hasta el final de su mandato, que concluye en mayo de 2026.
La acumulación de denuncias por beligerancia política contra Chaves involucra diversas conductas. Se le acusa de mencionar en conferencias la necesidad de que su proyecto político alcance al menos 40 diputados en la próxima legislatura para avanzar sus reformas, y de utilizar la figura del “jaguar” como símbolo de su gestión, con el objetivo de promover un referéndum para modificar las funciones de la Contraloría General de la República. Dicho símbolo fue adoptado por el partido afín al mandatario, Movimiento Tierra de Valientes (Motiva), y la distribución de pines con esta imagen entre funcionarios y simpatizantes llevó al TSE a prohibir su uso por parte del gobierno en julio.
La contienda electoral hacia los comicios de 2026 se presenta en un contexto de alta incertidumbre y polarización. De acuerdo con una encuesta de septiembre de la Universidad de Costa Rica (UCR), el 52% de la población se identifica con el presidente y su movimiento, mientras la inseguridad vinculada al narcotráfico alcanza niveles históricos y redefine el clima político. El estudio de opinión pública señala que la candidata oficialista, Laura Fernández, aparece con una ventaja inicial, aunque insuficiente para imponerse en primera vuelta, donde también se renovarán los 57 escaños del Congreso para el periodo 2026-2030.
El proceso actual dependerá de la decisión de la Asamblea Legislativa sobre la inmunidad de Chaves. Solamente si los diputados retiran este fuero, el TSE podrá abrir el expediente sancionador y, eventualmente, imponer la sanción correspondiente, que podría afectar el ejercicio del poder ejecutivo y el futuro político del presidente.
(Con información de AP, AFP y Reuters)
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