Paro Nacional en Ecuador: Daniel Noboa rechazó amenazas de toma de Quito y prometió aplicar la ley

En medio de una creciente tensión política y social por el paro nacional en Ecuador, el presidente Daniel Noboa emitió una advertencia contundente contra quienes han sugerido la posibilidad de una toma de Quito. “A los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter), aludiendo sin mencionarlo directamente al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas.

Las declaraciones de Noboa fueron publicadas ayer, en el marco del décimo tercer día de paro nacional impulsado por el movimiento indígena en rechazo al alza del precio del diésel, tras la eliminación del subsidio. Las movilizaciones han incluido bloqueos de carreteras en al menos cuatro provincias y múltiples llamados a “radicalizar” la protesta desde sectores vinculados al movimiento indígena.

Un día antes de la advertencia presidencial, Vargas compartió en sus redes sociales un mensaje dirigido a la ciudadanía de Quito en el que señalaba: “Nuestra lucha no es contra las ciudades, sino contra años de abandono, pobreza y desigualdad”. Aclaró que la Conaie no desea enfrentamientos y que su objetivo es la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel, así como el regreso al 12% del IVA. “Luchamos por la vida, la justicia y la paz, no por la violencia”, escribió.

Sin embargo, sectores oficialistas interpretaron sus palabras como una amenaza velada de toma de la capital, lo que motivó al bloque legislativo del movimiento ADN a presentar el 6 de octubre un acto urgente ante la Fiscalía General del Estado en contra de Vargas. “Hemos solicitado que se investiguen posibles delitos relacionados con terrorismo o sabotaje”, declaró el asambleísta Andrés Castillo, tras entregar el pedido junto a otros legisladores en el edificio de la Fiscalía en Quito. Para Mishel Mancheno, también asambleísta de ADN, el pronunciamiento de Vargas constituye un riesgo para el orden democrático y debe ser investigado por la justicia.

El contexto de estas acciones está marcado por el endurecimiento de la respuesta gubernamental frente a las protestas. El presidente Noboa no solo reiteró que su administración no permitirá actos violentos, sino que anunció incentivos económicos para contrarrestar los efectos del paro. Entre ellos, la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8% durante los feriados de octubre y noviembre, así como el adelanto del décimo tercer sueldo para los funcionarios públicos, previsto para el 14 de noviembre. “Mientras algunos quieren detener al Ecuador, nosotros lo impulsamos”, afirmó el mandatario.

En la esfera local, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, del correísmo, también reaccionó a la polémica. A través de un comunicado, señaló que la ciudad “no será rehén, ni de errores ajenos ni de ninguna amenaza” y que desde el 21 de septiembre activó los protocolos municipales para eventos de conmoción social. Muñoz indicó que pidió resguardo policial y militar al Ministerio del Interior y de Defensa, y que instruyó a la Corporación Municipal a garantizar la continuidad de los servicios básicos y la seguridad ciudadana bajo el plan Quito en Control. “El país no se puede permitir más violencia de ningún tipo, por el contrario, debe condenarla”, agregó.

La tensión crece en medio de una nueva ola de estados de excepción decretados por el Ejecutivo: uno el 5 de octubre en diez provincias, incluida Pichincha, y otro renovado el 6 de octubre en Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y el cantón Echeandía, todos por “grave conmoción interna”. La medida implica restricciones a la libertad de reunión y asociación, controles militares y policiales en espacios públicos, y la posibilidad de suspender derechos en casos concretos.

Mientras tanto, la Plaza Grande de Quito se encuentra cercada por vallas de seguridad en el Palacio de Carondelet y con presencia policial reforzada.