El canciller paraguayo Rubén Ramírez reafirmó el respaldo de Asunción al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las fraudulentas elecciones presidenciales de julio de 2024 que se adjudicó el dictador Nicolás Maduro en Venezuela.
El comunicado surgió en Nueva York tras una reunión entre Ramírez y Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales del ‘Comando Con Venezuela’, la plataforma electoral de González y de la dirigente María Corina Machado, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Cancillería paraguaya difundió el mensaje en Asunción este viernes anunciando los detalles del evento, destacando el compromiso con la democracia venezolana y remarcando la necesidad de mantener esfuerzos coordinados para el restablecimiento institucional en ese país.
Estas declaraciones de Ramírez reflejan la línea sostenida por el gobierno del presidente Santiago Peña, que en noviembre de 2023 restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela hasta que a comienzos de 2024 la dinámica bilateral cambió drásticamente, luego de que Maduro anunciara la ruptura de vínculos diplomáticos con Paraguay y dispusiera el retiro inmediato de su personal diplomático en respuesta al respaldo manifiesto de Peña a González Urrutia.
El comunicado consignó que “Ramírez ratificó su apoyo y también su compromiso con el proceso que lideran el presidente electo, Edmundo González, y María Corina Machado”, en alusión al reclamo opositor sobre los resultados electorales en Venezuela. También precisó que durante la reunión se coincidió en “la necesidad de seguir trabajando de manera unida y desde distintos frentes para hacer posible el restablecimiento de la democracia”.
Según la nota oficial, Urruchurtu -uno de los seis destacados antichavistas que estuvo asilado más de un año en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas- agradeció al gobierno paraguayo “por su permanente respaldo a la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela”.
Pedido por una activista detenida hace cuatro meses
En paralelo a estos acontecimientos diplomáticos, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido liderado por Machado, demandó este viernes la liberación de Catalina Ramos, coordinadora de Asociaciones Ciudadanas de la formación, detenida desde hace cuatro meses. A través de su cuenta en X, VV describió a Ramos como una “líder que ha demostrado su amor profundo por el país” y denunció que la detención intenta acallar sus logros políticos. “Hoy, todos esos logros quisieron ser secuestrados por el régimen, pero sus propósitos siguen siendo un ejemplo para todos los que seguimos empujando esta lucha”, expresó el partido.
El Comité de DDHH de VV reportó que actualmente existen 111 activistas y dirigentes de la organización encarcelados, entre ellos Ramos. A este dato se suma la información de la ONG Foro Penal, que cifró en 823 el número de presos políticos en Venezuela, la mayoría arrestados después de las presidenciales de 2024, luego de que el organismo electoral de ese país —controlado por autoridades afines al chavismo— proclamara la reelección de Maduro.
En el ámbito internacional, la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela difundió este lunes sus investigaciones sobre la situación de los derechos humanos en ese país en el último año. El organismo indicó haber constatado un incremento en la represión relacionada con la disputa por el resultado electoral y sostuvo que “no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales”. Por esa razón, señaló que “la única esperanza de justicia para las víctimas” depende de la intervención de la comunidad internacional.
Por su parte, el régimen chavista de Venezuela rechazan las acusaciones de detenciones por motivos políticos y sostienen que todos los arrestados han cometido delitos tipificados en la legislación nacional. Esta postura es refutada por partidos opositores y distintas organizaciones, que insisten en que la represión y el encarcelamiento de líderes y militantes forman parte de un plan estructurado para impedir el cambio político en Venezuela.
(Con información de EFE y Reuters)
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