
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya tiene luz verde para organizar una de las consultas populares más trascendentales de los últimos tres lustros en Ecuador: la que definirá si se instala o no una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. La Corte Constitucional emitió el 24 de septiembre un dictamen favorable, tras constatar que el Ejecutivo corrigió los vacíos señalados en un primer análisis y garantizó la claridad de la pregunta y de las reglas del proceso.
El tribunal precisó que su competencia no es valorar la conveniencia política de convocar una Constituyente, sino asegurar que la ciudadanía se pronuncie con información clara y en un marco de transparencia. La Corte subrayó que el poder constituyente radica en el pueblo, único autorizado para decidir si se inaugura un nuevo pacto constitucional. Con esta decisión, el organismo dispuso que la papeleta incluya no solo la pregunta, sino también el estatuto y la tabla de distribución de escaños, de modo que los votantes conozcan con exactitud la configuración de la Asamblea.
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La consulta fue convocada mediante el Decreto Ejecutivo 153, remitido por la Presidencia al CNE el 20 de septiembre, luego de que el Decreto 148 quedara sin efecto por múltiples demandas de inconstitucionalidad. Dichas acciones, impulsadas entre otros por el colectivo Foro de la Democracia, cuestionaban que se intentara eludir el control de constitucionalidad. Tras la resolución favorable, el organismo electoral confirmó que organizar el proceso costará aproximadamente USD 59 millones.

En su segunda revisión, la Corte estableció que trece de los considerandos presentados por la Presidencia no cumplían con los requisitos de objetividad, neutralidad y pertinencia exigidos por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
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En cuanto a la pregunta, la Corte confirmó que cumplía con los parámetros del artículo 105 de la LOGJCC, pues estaba redactada en términos claros y unívocos. El cuestionamiento que llegará a las urnas será: “¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”
El presidente Daniel Noboa reaccionó con tono desafiante. Desde su cuenta en la red social X publicó una metáfora futbolera dirigida a sus críticos: “El Foro de la Democracia pedirá que se pregunte al VAR si fue gol”. Con esa frase, el mandatario se refirió a los juristas y académicos que le acusaban de buscar atajos institucionales. Noboa ha insistido en que la Constituyente es la vía para “refundar” el Estado y superar la parálisis política.
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Las reacciones de la oposición no tardaron. Rafael Correa, expresidente sentenciado por corrupción y líder de la Revolución Ciudadana, cuestionó la rapidez con la que la Corte se pronunció y sostuvo que el dictamen evidencia un “acuerdo” con Noboa. “Esto para los que se hacían ilusiones con una CC ética y profesionalmente deplorable”, escribió en X, además de advertir que la consulta costará “USD 60 millones”. Su movimiento anticipa que la Constituyente será el escenario para derrotar a Noboa en las urnas.
El expresidente Guillermo Lasso, a través de su movimiento Creo, apoyó la redacción de una nueva constitución. Su agrupación anunció que respaldará la consulta con la consigna de “lanzar al tacho de la basura la Constitución correísta” de 2008, documento que, según ellos, consolidó un modelo de hiperpresidencialismo que debe ser superado.
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En medio de estas posturas, la Corte insistió en que la convocatoria a una Constituyente no puede interpretarse como una estrategia coyuntural del poder, sino como un proceso de la mayor responsabilidad histórica, considerando la frecuencia con que Ecuador ha cambiado de Constitución en el último siglo.
Con la decisión judicial y la convocatoria en firme, la campaña electoral se perfila polarizada. Mientras que la mañana del 25 de septiembre el pleno del Consejo Nacional Electoral se reunirá para resolver la convocatoria a la Consulta Popular que se realizará el mismo día que el Referéndum: el próximo 16 de noviembre.
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