La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles, por 311 votos a favor y 163 en contra, la moción de urgencia que activa el tratamiento inmediato en el plenario de un proyecto de ley de amnistía destinado a los involucrados en el asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023, acción que podría alcanzar al propio ex presidente Jair Bolsonaro, recientemente condenado a 27 años de cárcel.
La decisión remueve los requisitos tradicionales de análisis en comisiones, agilizando el proceso para debatir y someter a votación una iniciativa prioritaria para los aliados de Bolsonaro en el Congreso.
Actualmente, Bolsonaro, de 70 años y bajo prisión domiciliaria tras su condena por liderar un complot para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, podría resultar beneficiado, junto a unas 700 personas ya sentenciadas por la asonada antidemocrática en Brasilia.
La Corte Suprema atribuyó al ex mandatario la “instigación” de los hechos y el liderazgo de una organización armada que actuó para desconocer los resultados de las elecciones de 2022.
El proyecto en cuestión nació con alcance limitado a los responsables materiales del 8 de enero, pero en la práctica puede ampliarse. El propio presidente de la Cámara, Hugo Motta, dejó abierta la puerta para modificaciones.
“Pusimos en votación la urgencia de un proyecto de ley del diputado Marcelo Crivella para iniciar la discusión del asunto. Si se aprueba, nombraremos de inmediato al ponente para que podamos elaborar un texto sustituto que tenga apoyo de la mayoría”, señaló.
Motta también insistió en la necesidad de buscar consensos.
“No estoy comprometido con ninguna pauta que traiga aún más polarización para el país”, añadió.
Los partidos de derecha y centroderecha apoyaron el procedimiento especial, mientras la bancada de izquierda quedó en minoría. La sesión estuvo marcada por tensiones y reclamos cruzados, con defensas fervientes del perdón y con críticas tajantes de parlamentarios oficialistas, quienes calificaron la propuesta como un retroceso para la democracia.
“Necesitamos pasar esta página de nuestra historia y aprobar la amnistía, porque Bolsonaro merece recuperar todo aquello que Alexandre de Moraes le quitó”, expresó el senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente, en referencia al juez de la Corte Suprema a cargo de la condena.
El trámite urgente no implica aprobación automática. El texto será debatido en el plenario de la Cámara, donde aún encuentra resistencias y podría sufrir alteraciones significativas. Tras ese paso, pasará al Senado, donde el oficialismo sostiene mejores posiciones aunque no cuenta con mayoría. En ese punto, el futuro de la iniciativa aparece abierto: podría ser frenada, modificada o, en último término, vetada por el presidente Lula si llegara a ser aprobada por ambas cámaras.
La postura del Ejecutivo quedó expresada este mismo miércoles. En una entrevista a la BBC News, Lula fue categórico.
“Si me la envían para vetar, puede estar seguro de que la vetaré”. Para el mandatario, las acciones por las que Bolsonaro fue sentenciado “no tienen carácter político, por lo que no justificarían una amnistía”. La reacción del Palacio del Planalto confirma el rechazo de la administración, que percibe el proyecto como una amenaza al respeto institucional.
El alcance de la amnistía también sigue en debate. Aunque la propuesta original fue elaborada para acusados de las acciones del 8 de enero, una fracción del Congreso impulsa ampliar el beneficio a miembros del entorno presidencial, entre ellos ex ministros y altos mandos militares condenados por pactar estrategias para desconocer los comicios y planear ataques directos contra el presidente Lula.
Algunos proyectos previos propusieron el perdón irrestricto, mientras que el texto urgente que ahora se discute es de carácter más limitado.
Bolsonaro, en prisión domiciliaria y diagnosticado este miércoles con cáncer de piel, depende del respaldo de la mayoría conservadora para intentar revertir su condena. La votación de la Cámara responde a una demanda insistente de su bancada y de sectores de la sociedad que reclaman “pasar la página” y dejar atrás la conflictividad poselectoral.
“Estoy convencido de que la Cámara tendrá la capacidad de construir una solución que garantice la pacificación nacional, el respeto a las instituciones y el compromiso con la legalidad, y que tenga en cuenta las condiciones humanitarias de los condenados por el asunto que estamos discutiendo”, remarcó el presidente de la Cámara.
En las próximas semanas se definirán el relator del proyecto y los posibles cambios al texto, cuyas consecuencias podrían modificar el destino judicial no solo del ex presidente, sino de un amplio grupo de funcionarios procesados y seguidores involucrados en la asonada sobre la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia.
(Con información de EFE y AFP)
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