El proyecto de ley de Presupuesto del gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay introdujo una serie de modificaciones impositivas que han generado preocupación en el empresariado uruguayo. El sector privado ha cuestionado el gravamen que se establece para las inversiones de los uruguayos en el exterior y la aplicación del impuesto mínimo global en el país. En concreto, las zonas francas advierten por posibles litigios internacionales que puede causar esta decisión.
La Cámara de Diputados de Uruguay está concentrada en la discusión del proyecto de ley enviado por el gobierno y en régimen de comisión recibe a delegaciones para que opinen de la propuesta enviada. Una de las gremiales que concurrió la semana pasada fue la Cámara de Zonas Francas.
El Impuesto Mínimo Complementario Doméstico que propone el gobierno es una sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Está pensado para las empresas que facturan más de 750 millones de euros por año y pagan el impuesto en el país de su casa matriz. Si se aprueba el Presupuesto, lo pasarían a hacer en Uruguay.
Las zonas francas consideran que esta propuesta es “inoportuna e innecesaria”.
“En el contexto actual y en los términos planteados, representa un riesgo para la inversión, el empleo y la recaudación que actualmente genera el régimen de zonas francas, además de afectar la seguridad jurídica que ha distinguido internacionalmente a Uruguay”, expresó Enrique Buero, el presidente de la Cámara de Zonas Francas, según consignó La Diaria.
El régimen de zonas francas es el principal instrumento de captación de la inversión extranjera en el país, según Buero. Actualmente operan más de 1.100 empresas bajo este régimen y aportan el 6,6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Además, generan el 34% de las exportaciones y generan 66.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, de acuerdo a datos del sector privado.
“El atractivo no se limita a los beneficios fiscales, sino al prestigio de Uruguay como país con seguridad jurídica y respeto por los derechos adquiridos”, señaló Buero ante los legisladores.
“Hay mucho riesgo en juego. Hay recaudación real, actual. Esas estimaciones de recaudación nos arriesgamos a decir que no están teniendo en cuenta el impacto que esto va a tener tanto en las inversiones actuales como en la posibilidad de Uruguay de seguir captando inversiones con un régimen que es muy atractivo, pero que está basado en la seguridad jurídica y estabilidad de Uruguay”, dijo el representante de las zonas francas.
Uno de los argumentos centrales del gobierno para incorporar este cambio es que las empresas ya están pagando este impuesto en sus países de origen, pero esta explicación es refutada por la gremial.
“Esa neutralidad en realidad no es tal o al menos es para un caso de estudio teórico y puntual y en un escenario muy optimista e ideal, pero después, cuando vamos a la realidad de los hechos, esa neutralidad rápidamente se puede perder o se pierde”, expresó Buero.
En declaraciones a Canal 12, Buero complementó que no hay apuro para incluir estos cambios porque la OCDE “no está presionando con el impuesto” y en la región solo lo implementó Brasil.
La Cámara de Zonas Francas también advierte por posibles litigios internacionales.
“Si el día de mañana una de estas empresas, que tiene derechos adquiridos de no pagar en Uruguay, ve violentado ese derecho, una instancia de arbitraje o judicial, no sería para nada neutro para el Uruguay, para el mensaje que le damos al mundo de las inversiones, de la seguridad jurídica y todo lo que nos ha caracterizado estas últimas décadas”, expresó Buero.
Algunas empresas son de países en los que el impuesto no se aplica y deberían pagarlo por primera vez por la decisión de Uruguay, expresó Buero.
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