El juicio oral por intento de golpe de Estado contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro y siete integrantes de su entorno entra, a partir de este martes, en su etapa clave en el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Cinco jueces expondrán sucesivamente sus votos para decidir si el ex mandatario y los demás acusados son responsables de conspirar para revertir el resultado de las elecciones de 2022, abriendo la posibilidad de una condena histórica que podría impactar en el mapa político nacional.
El tribunal programó audiencias diarias hasta el viernes, buscando cerrar una causa que ha polarizado al país. La etapa final se puso en marcha la semana pasada con las presentaciones de la Fiscalía y las defensas: el Ministerio Público, representado por el fiscal general Paulo Gonet, pidió la condena de todos los acusados y responsabilizó a Bolsonaro de ser el “líder” de la conspiración, mientras que los abogados de la defensa argumentaron falta de pruebas y reclamaron la absolución.
La sesión de este martes estará marcada por el primer voto, que corresponderá al juez instructor Alexandre de Moraes. De perfil duro y convertido en el principal blanco de los seguidores de Bolsonaro y del propio Donald Trump —quien lo ha sancionado por presunta “caza de brujas”—, Moraes ya anticipó durante la apertura del juicio su postura de firmeza: calificó el complot golpista como un intento de instaurar “una verdadera dictadura”, dirigido a anular el proceso democrático y perpetuar el mandato de Bolsonaro mediante el uso de la fuerza.
Bolsonaro enfrenta cinco delitos vinculados al orden constitucional, por los que podría ser condenado hasta 40 años de prisión. Según la acusación, durante la transición de poder en 2022, el ex presidente impulsó la redacción de decretos para revertir su derrota y avaló, al menos en discusiones confidenciales, planes para asesinar a Lula y otras autoridades. Se alega además que su liderazgo directo resultó central para la coordinación de los episodios violentos del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores irrumpieron en las sedes de los tres poderes en Brasilia, reclamando una intervención militar.
El veredicto será definido por mayoría simple entre los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin. Tras el voto del instructor, expondrán sus argumentos Dino, Fux y Antunes; Zanin, ex abogado personal de Lula, será el encargado de proclamar el resultado final.
La exposición de Fux genera particular expectativa, dado que en ocasiones anteriores cuestionó la interpretación de Moraes sobre el papel de Bolsonaro en los hechos del 8 de enero.
En caso de condena —que requiere al menos tres votos de cinco—, el tribunal debatirá la pena para los acusados. El ingreso en prisión no será inmediato: las sentencias pueden ser apeladas, y persiste la alternativa de que uno de los magistrados solicite un plazo extra de hasta 90 días para analizar la causa, lo que aplazaría la definición hasta diciembre.
La tensión judicial se enmarca en una fuerte movilización política callejera. El domingo, miles de simpatizantes de Bolsonaro se manifestaron en diversas ciudades, con la mayor concentración en la Avenida Paulista de São Paulo, donde, según la Universidad de São Paulo, se congregaron unas 42.200 personas. Allí asistió Michelle Bolsonaro, esposa del ex presidente, quien manifestó: “Tengo la certeza de que toda la farsa caerá por tierra”. Desde Estados Unidos, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del líder ultraderechista y también investigado, aseguró que promoverá nuevas sanciones internacionales contra De Moraes y su entorno.
Bolsonaro, de 70 años, prevé seguir la sesión desde su domicilio en Brasilia por motivos de salud y mientras cumple arresto domiciliario por violar restricciones previas. El desenlace del juicio podría determinar si la figura central de la derecha brasileña queda formalmente condenada e inhabilitada, o si se mantiene el espacio para una futura disputa política en el país. El fallo del STF marcará un hito histórico en la democracia brasileña y sentará precedente sobre la responsabilidad de los líderes en la defensa del orden democrático.
(Con información de EFE y AFP)
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