El Gobierno de Boric busca acelerar su nueva ley de aborto en el Congreso, pero enfrenta a una dura oposición

Con la vista puesta en las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, el Gobierno de Gabriel Boric apretó el acelerador y le puso urgencia al proyecto de aborto libre ingresado hace tres meses al Congreso -una de sus promesas de campaña-, el que por estos días se tramita en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

La nueva normativa busca dejar atrás la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, aprobada en 2017 durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, la que posibilita la interrupción voluntaria del embarazo cuando sea fruto de una violación, exista riesgo para la madre o haya inviabilidad del feto. Sin embargo, sectores conservadores, médicos y hasta recintos de salud completos han aducido objeción de conciencia al respecto, poniendo obstáculos a su instauración.

La propuesta actual determina un plazo de 14 semanas para la interrupción voluntaria del embarazo, sea cuál sea la causa.

Según cifras oficiales, 6.249 mujeres y niñas se acercaron en los últimos siete años a centros de salud públicos y privados para interrumpir su embarazo por alguna de estas tres causales, y solo el 15% decidió continuar adelante con la gestación. ¿Las más afectadas? Niñas en el rango de los 13 años, asunto que representa un delito y obliga a los centros de salud a reportarlos.

A pesar de la urgencia impuesta por el gobierno -que busca aprobar el proyecto en un mes-, la discusión se prevé álgida, puesto que la oposición en pleno y la Democracia Cristiana ya han dicho que no tienen sus votos disponibles para aprobar la iniciativa, mientras que el trámite legislativo incluye el paso por las comisiones de Salud y Constitución en la Cámara de Diputados, para llegar finalmente al Senado.

Ministra Orellana: “un debate que tiene que darse”

La movida del gobierno de Boric fue aplaudida por parlamentarios oficialistas y refrendada por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien recordó que “tal como lo hemos conversado con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, una vez que se pudieran despachar los proyectos prioritarios, como lo eran la Superintendencia Isapre y la Ley Ricardo Soto, íbamos a entrar en esta discusión. No hay ninguna novedad en el cronograma”.

Tocante a los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley, sostuvo que “para los derechos de las mujeres, y en particular para proyectos como este, nunca han estado los votos”, sin embargo, aseguró que lo importante es que “se puedan dar los debates”.

Finalmente, respecto a la posición de la Democracia Cristiana, colectividad que decidió apoyar la candidatura de la militante comunista Jeannette Jara pero que se opone tajantemente a esta iniciativa, Orellana manifestó que en el gobierno tienen más que clara su postura, pero recalcó que se trata de “un debate que también el Ejecutivo ya ha instalado y que tiene que darse”.