Tras la liberación de opositores en Bolivia, el titular del TSJ habla de independencia judicial: “Nunca más perseguidos”

A dos días de la liberación de los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Romer Saucedo, aseguró este domingo que en su país no habrá “ningún perseguido”.

El magistrado señaló que el Órgano Judicial no será un “instrumento de persecución ni de derecha ni de izquierda” y afirmó que “la Justicia se aplica para todos los órganos sin excepción”. Estas declaraciones fueron realizadas en la localidad de Montero, a 60 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra, durante un acto en el que tanto él como el recién liberado gobernador Camacho fueron distinguidos.

En su discurso, Saucedo reiteró el llamado a los bolivianos exiliados para que regresen al país, asegurando que la Justicia ha recobrado su independencia y que se garantizará el derecho al debido proceso. Hace algunos días, escribió en su cuenta de X: “A todos nuestros compatriotas que están fuera. Vuelvan a su casa, vuelvan con su familia, la Justicia se ha restablecido en Bolivia y vamos a garantizar el derecho al debido proceso, nunca más ningún perseguido”.

La excarcelación de los ex líderes cívicos se dio a raíz de un instructivo del TSJ cinco días después las elecciones que marcaron el derrumbe político del Movimiento Al Socialismo (MAS) tras 20 años de hegemonía. Para algunos analistas, la decisión de liberar a Camacho y Pumari, y los fallos en favor de la ex presidenta Jeanine Añez, representan la materialización de la derrota del oficialismo en las urnas y son una muestra más del largo sometimiento de la Justicia al poder de turno.

En relación a esas críticas, Saucedo manifestó que la sala lena del tribunal judicial recién lleva siete meses en funciones. “Le dijimos a Bolivia, tengan paciencia, tengan fe, que estamos haciendo las cosas de cara al pueblo; les dijimos que el compromiso era con Bolivia, con la democracia, con la libertad y lo hemos sostenido públicamente”, manifestó.

Las sentencias a favor de Añez, Camacho y Pumari, tres iconos del dominio oficialista, fueron apeladas por el Gobierno de Luis Arce y el procurador General del Estado, Ricardo Condori, advirtió que los fallos podrían llevar al país a recibir cuestionamientos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que no se estarían cumpliendo con las recomendaciones que hizo después que su investigación de sobre la crisis política de 2019.

Las recomendaciones incluyen investigar y sancionar a los responsables por las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), en las que más de 30 personas fueron asesinadas con arma de fuego durante represiones militares. Los juicios ordinarios contra la ex presidenta Jeanine Añez por las muertes ocurridas en esos hechos, ocurridos durante su gestión interina (2019-2020), fueron anulados y remitidos a la Fiscalía General del Estado para que sean tratados mediante juicios de responsabilidades. De igual forma, tres militares juzgados por estos episodios fueron liberados la semana pasada.

El viernes, Camacho obtuvo libertad con detención domiciliaria y permiso laboral por lo que retomó sus funciones de gobernador de Santa Cruz, cargo de que había sido suspendido por su situación jurídica. En tanto, Pumari, ex líder cívico de Potosí, obtuvo libertad plena. Ambos encabezaron las movilizaciones sociales previas a la renuncia de Evo Morales en medio de acusaciones de fraude electoral y un motín policial en 2019; y sus detenciones preventivas superaban el plazo establecido en la ley.

La ex presidenta Añez espera el resultado de su apelación a la sentencia de diez años, obtenida en 2023, por la forma en la que asumió el Gobierno tras la renuncia de Morales y de quienes lo seguían en la línea constitucional. “La Justicia se encamina a restablecer el Estado de Derecho”, escribió en X.