La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, podría quedar en libertad luego de cinco años en prisión preventiva, acusada por su rol en la crisis sociopolítica de 2019 que culminó con la salida de Evo Morales.
El proceso judicial que mantenía a Áñez encarcelada experimentó esta semana un giro relevante: un tribunal boliviano declaró su incompetencia para juzgar los hechos conocidos como “caso Sacaba”, anuló el proceso ordinario y determinó que la exmandataria solo puede enfrentar un juicio de responsabilidades, reservado por ley para expresidentes y altos funcionarios del Estado.
Esta decisión fue adoptada la medianoche del viernes, tras una extensa audiencia virtual en la que Áñez participó desde el penal de La Paz, donde permanece desde 2021.
Los cargos formales contra la exmandataria incluyen supuesta sedición, conspiración y su responsabilidad por la muerte de manifestantes en las protestas que precedieron a la anulación de las elecciones generales de ese año, marcadas por denuncias de fraude durante la búsqueda de reelección por parte de Morales.
Al declararse incompetente, el tribunal remitió el expediente al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía General del Estado, a los fines de iniciar el procedimiento previsto en la Ley 044 para funcionarios con fuero de privilegio como Áñez y otros 17 acusados.
Como efecto inmediato, se ordenó la emisión de mandamientos de libertad para los detenidos preventivamente en este proceso, incluida la propia Áñez. La exmandataria celebró el fallo en sus redes sociales y sostuvo que la justicia “ha obrado, finalmente, en Derecho”. Sin embargo, sigue detenida porque enfrenta una condena previa de diez años de cárcel, dictada en 2022, por el caso denominado “golpe de Estado II”, tras la acusación de acceder de forma indebida a la línea de sucesión presidencial en noviembre de 2019.
Ese fuero solo aplica a presidentes, vicepresidentes y magistrados de altos tribunales; sin embargo, desde la llegada al poder del presidente Luis Arce y del Movimiento al Socialismo (MAS), se ha negado la legitimidad de Áñez, facilitando la apertura de causas ordinarias en su contra. Tanto Áñez como su hija Carolina Ribera acudieron en 2023 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando la vulneración de derechos y la imposibilidad de un proceso con las garantías que exige su investidura anterior.
Otras excarcelaciones sacuden el panorama judicial boliviano en los últimos días
En paralelo al caso Áñez, ayer se produjo la excarcelación relevante de otra figura: el ahora suspendido gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, abandonó el penal de Chonchocoro tras el cese de la prisión preventiva en cuatro causas distintas.
Así lo consignó la agencia EFE, que precisó que los procesos alcanzan tanto los hechos de 2019 (“golpe de Estado I”) como cuestiones administrativas de la región. Al salir, Camacho reafirmó su postura política ante sus simpatizantes, comprometiéndose a no ceder ante el MAS.
La trayectoria judicial de Camacho estuvo marcada por rechazos reiterados a pedidos de liberación y múltiples problemas de salud en prisión.
Su defensa insistió en la falta de fundamento para prolongar la detención preventiva, un planteo que finalmente prevaleció tras las recientes elecciones que alteraron el equilibrio político en el país. Desde el gobierno de Arce se presentaron recursos de apelación sosteniendo que estas excarcelaciones representan un retroceso en materia de justicia por los hechos violentos de 2019.
El Ejecutivo nacional trasladó su desacuerdo a la esfera política y judicial solicitando un juicio de responsabilidades contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Todo esto mantiene a Bolivia en el centro del debate regional sobre los límites del poder, la independencia de la justicia y la vigencia de los procesos democráticos de transición.
(Con información de AP y EFE)
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