La política boliviana entró en una nueva fase de incertidumbre tras el fallo de un tribunal de El Alto que anuló el proceso judicial contra la ex presidenta Jeanine Áñez en el caso Senkata. La decisión abre la puerta a su liberación, junto con la de otros dirigentes opositores como Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Desde el Trópico de Cochabamba, bastión de Evo Morales, organizaciones sociales advirtieron que no permanecerán pasivas.
“Estos autores intelectuales y materiales quieren salir de la cárcel. Ellos tienen que pagar por todo el daño económico que han causado”, se escucha en un video difundido por medios locales y grabado por grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS). En el mismo mensaje, un dirigente lanza una advertencia contundente: “Nos vamos a levantar”.
Las palabras no son menores. El recuerdo de 2019 aún divide profundamente a la sociedad boliviana. Ese año, tras las elecciones de octubre, Morales renunció en medio de denuncias de fraude. Pocos días después, Áñez asumió la presidencia, un movimiento que el MAS calificó como un supuesto golpe de Estado.
Durante su breve gobierno, dos episodios marcaron la violencia de aquellos meses. En Sacaba, Cochabamba, once personas murieron durante una represión militar y policial a manifestantes. En Senkata, El Alto, al menos once murieron y más de un centenar resultaron heridos en el asalto a una planta de combustibles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó ambos hechos como masacres y responsabilizó al gobierno interino de violaciones graves de derechos humanos.
Áñez fue detenida en 2021 y procesada por terrorismo, sedición y genocidio. La Fiscalía sostuvo que las operaciones de seguridad fueron autorizadas directamente desde la presidencia. Sus abogados, en cambio, alegaron que al ocupar la primera magistratura debía ser juzgada por el Parlamento, no por tribunales ordinarios. El fallo de esta semana les dio la razón, aunque el proceso judicial aún no se cierra definitivamente.
“Esto no es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho”, escribió Áñez en su cuenta de X tras conocerse la resolución. La ex mandataria insistió en que nunca ordenó disparar contra manifestantes y que es víctima de una persecución política.
El alcance de la decisión judicial se extiende a otros opositores. Luis Fernando Camacho, ex gobernador de Santa Cruz y líder cívico que encabezó las protestas contra Morales, permanece detenido desde 2022 acusado de terrorismo. Marco Antonio Pumari, ex dirigente de Potosí, enfrenta cargos similares. Ambos podrían beneficiarse de la revisión de medidas cautelares.
En el plano político, las reacciones han sido inmediatas. Dirigentes del MAS ven en el fallo un signo de impunidad. “Si así lo amerita y si así tiene que ser, vamos a levantarnos”, dijo Efraín Seña, de la Federación Carrasco Tropical. Darío Manrique, otro líder cocalero, repitió la misma consigna: “Nos vamos a levantar”. La frase, reiterada en los últimos meses, condensa la disposición de los grupos afines a Morales para volver a las calles si sienten amenazados sus intereses.
El actual contexto electoral agrava la tensión. En junio, cocaleros del Chapare bloquearon carreteras bajo el lema “Sin Evo no hay elecciones”, tras la inhabilitación del ex mandatario como candidato. La crisis derivó en desabastecimiento de combustibles y alimentos, y el presidente Luis Arce denunció un intento de golpe blando impulsado por su antiguo aliado y mentor político.
La justicia boliviana, históricamente cuestionada por su falta de independencia, vuelve a situarse en el centro del debate. Los críticos señalan que ha funcionado como un brazo político del poder de turno, ya sea del MAS o de la oposición. Para otros, los procesos abiertos eran una obligación frente a las violaciones cometidas en 2019. El fallo de El Alto revive ese dilema sin ofrecer una salida clara.
En este escenario, la liberación de Áñez o de los otros opositores detenidos podría convertirse en el catalizador de nuevas protestas masivas. Bolivia ya ha experimentado bloqueos de carreteras y movilizaciones prolongadas en 2025. La advertencia de los grupos afines a Morales anticipa una posible reedición de esos episodios.
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