El Gobierno de Luis Arce apeló a las decisiones favorables a los opositores bolivianos acusados por la crisis de 2019

El gobierno de Luis Arce reaccionó con rapidez frente a una serie de fallos judiciales que modificaron la situación legal de tres de sus principales adversarios políticos: la ex presidenta interina Jeanine Áñez, el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el ex líder cívico de Potosí, Marco Pumari. Las resoluciones, que abrieron la puerta a juicios de responsabilidades y a defensas en libertad, fueron respondidas este miércoles con apelaciones impulsadas por el Ministerio de Justicia.

“Lo que ha hecho el Estado es accionar, conforme lo establece la ley, a través de apelaciones”, dijo la ministra de Justicia, Jessica Saravia, en declaraciones al canal estatal Bolivia TV. La funcionaria insistió en que las decisiones no significan un retroceso, aunque en la práctica supusieron un duro revés para la estrategia judicial del oficialismo, que desde 2019 ha intentado sostener el relato del “golpe de Estado” contra Evo Morales.

El presidente Arce se sumó a la ofensiva, advirtiendo en sus redes sociales que observa “con profunda preocupación” que tras seis años de los hechos de 2019 “la justicia para las víctimas sigue siendo una deuda pendiente”. Sin embargo, sus palabras fueron leídas en la oposición como un intento de presionar a los jueces.

Los fallos judiciales llegaron tras una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia para revisar el cumplimiento de plazos de detención preventiva.

La ministra Saravia negó que existan presos políticos en el país. Sin embargo, tanto Áñez como Camacho y Pumari han denunciado persecución política, y múltiples informes —incluido el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH— advirtieron sobre la necesidad de garantizar juicios imparciales. El gobierno se aferra a ese mismo informe para sostener sus procesos, omitiendo que las recomendaciones también señalaban el abuso de la justicia como herramienta de revancha.

El caso más simbólico es el de Áñez. Condenada en 2022 a diez años de prisión en un proceso sumario por “asumir ilegalmente la presidencia”. Su defensa sostiene que solo corresponde un juicio de responsabilidades, y los tribunales empiezan a darle la razón.

Camacho, por su parte, lleva más de dos años detenido en la cárcel de Chonchocoro, en el Altiplano, acusado de “terrorismo” por encabezar las protestas cívicas de 2019. Su excarcelación parcial llega en un momento en que el MAS atraviesa una debacle electoral: en la primera vuelta presidencial de agosto, su candidato apenas superó el 3% de los votos, la peor derrota en dos décadas de hegemonía oficialista.

Pumari, que fue encarcelado en 2021, también obtuvo un fallo favorable. El exdirigente cívico de Potosí había sido uno de los rostros más visibles de la protesta contra el fraude electoral de Morales en 2019, y su encarcelamiento siempre fue visto como un castigo ejemplar.

Las denuncias de un golpe de Estado han sido el principal pilar político del Movimiento al Socialismo (MAS) desde la renuncia de Morales en noviembre de 2019.

Evo Morales, desde su residencia en el Chapare, ha denunciado presiones de la oposición y “pactos de impunidad”. Sus intentos de retornar al poder en 2025 han fracasado frente al desgaste político y las divisiones internas en el MAS.

Para la oposición, lo ocurrido es una señal de que la justicia comienza a desprenderse del control político. “No es un triunfo, es una reparación”, dijo Áñez al conocer el fallo. Camacho, desde Santa Cruz, celebró que la presión ciudadana y la atención internacional obliguen a los tribunales a rectificar.

Los próximos pasos dependen de las apelaciones presentadas por el Ejecutivo. El gobierno insiste en que se debe garantizar justicia para las víctimas de 2019.