Este martes por la mañana se reinstaló la audiencia judicial en la que los ex líderes cívicos de Bolivia, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, pueden quedar en libertad, tras cerca de tres y cuatro años detenidos preventivamente por casos relacionados con las manifestaciones previas a la renuncia del ex presidente Evo Morales en 2019.
La audiencia que se desarrolla en un juzgado de La Paz responde a la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que el viernes ordenó la revisión “inmediata” de los plazos de detención preventiva. La ley establece que ésta no puede superar los seis meses, pero Camacho lleva casi tres años detenido y Pumari cerca de cuatro.
El lunes se celebró el inicio de la revisión en un ambiente marcado por la expectativa y amagues de enfrentamiento fuera de los tribunales, donde se gritaron consignas que reflejaron la polarización en torno a estos procesos. Dentro de la sala, la defensa de la denunciante, la ex diputada Lidia Patty, presentó recursos que obligaron a suspender la sesión y declarar un cuarto intermedio hasta hoy. El tribunal determinó que primero deben analizarse los riesgos procesales antes de decidir si Camacho y Pumari continúan detenidos o pueden defenderse en libertad.
La instrucción del TSJ de revisar los plazos busca evitar que esta medida cautelar se extienda de forma indefinida, como ha ocurrido en varios casos emblemáticos, y puede sentar un precedente para la revisión de cientos de casos similares en el país. Según el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, existen cerca de 11 mil reclusos sin sentencia por más de un año, lo que duplica el plazo establecido en las normas vigentes.
La medida también podría beneficiar a la ex presidenta Jeanine Añez, que si bien cumple una condena de 10 años, enfrenta múltiples procesos penales por otros casos. Ayer un juez de El Alto anuló el juicio por la denominada “Masacre de Senkata” al declararse incompetente en un tribunal ordinario y ordenó que el caso sea remitido a la Fiscalía General del Estado para que se tramite mediante un juicio de responsabilidades, reservado a ex mandatarios.
La expresidenta Añez y los ex líderes cívicos fueron figuras relevantes en la crisis política de 2019 y enfrentan procesos judiciales que los mantienen en prisión preventiva. Camacho y Pumari lideraron las protestas sociales en Santa Cruz y Potosí, que luego se extendieron en todo el país en reclamo de la anulación de las elecciones de ese año que consideraban fraudulentas. Morales renunció luego de 21 días de manifestaciones, a las que se sumaron un motín policial y la sugerencia de dimisión del Alto Mando Militar.
En tanto, Añez, que entonces era la segunda vicepresidenta del Senado, asumió la Presidencia interina del Estado en medio de cuestionamientos legales que fueron justificados por el vacío de poder que dejó la renuncia de quienes estaban en línea de sucesión constitucional.
Los tres políticos son figuras que aún polarizan en Bolivia y la revisión de sus casos abrió el debate sobre su rol en la crisis de 2019. Algunos líderes políticos se manifestaron a favor de su liberación pero desde el Gobierno consideraron que la revisión de solo los tres casos refleja motivaciones políticas.
Para el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, las soluciones ante la "crisis judicial penitenciaria, derivada del abuso de la detención preventiva" deben ser asumidas como una política de Estado.
“Las soluciones a esta particular crisis del sistema judicial deben ser asumidas como una política de Estado, no de Gobierno, ni de iniciativas personalizadas y menos político partidarias. Deben contar con consensos que respondan a las demandas ciudadanas por un servicio judicial más eficaz e imparcial. Deben ser universales y adoptadas por los órganos competentes”, escribió el también ex presidente interino en la red social X.
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