Una nueva alarma se activó en Ecuador, cuando la ONG Fundamedios denunció la infiltración de agentes policiales encubiertos en grupos privados de periodistas. La organización calificó estos hechos como una grave vulneración a la libertad de expresión, el secreto profesional y la privacidad, al tiempo que exigió explicaciones inmediatas al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Inteligencia, que al momento no han emitido pronunciamientos.
La alerta se encendió luego de que Benito Bonilla, administrador de un grupo de prensa, expulsara públicamente a un usuario que resultó ser un sargento de la Policía Nacional. Tras ese hecho, periodistas identificaron al menos otros dos agentes infiltrados y la presencia de estos uniformados en 17 grupos de WhatsApp utilizados para intercambio informativo entre reporteros y fuentes estatales.
Además de la suplantación de identidad como “periodistas”, en el contexto de una audiencia comunitaria en la que se denunció el seguimiento al líder indígena Leonidas Iza, se revelaron testimonios sobre una presunta red de vigilancia dirigida por agentes estatales, con seudónimos y estructuras de mando, que operaba mediante un chat denominado “Asadero del cuy”.
En este escenario, la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, fue consultada por Infobae sobre la falta de pronunciamiento oficial por parte de la Policía y sobre si el gobierno ha iniciado una investigación. Jaramillo rechazó la veracidad de la información filtrada de los dispositivos incautados a los agentes, alegando que “no ha pasado por ningún procedimiento formal o judicial que pueda revestir esta información de veracidad” y que el Gobierno “no se va a referir a un rumor”.
Cuando se le insistió sobre el silencio de las autoridades y la permanencia de los agentes en chats de prensa, la vocera reiteró que no responderán sobre evidencia “no verificada” y cuestionó nuevamente la legalidad del origen de la información.
Informe del Departamento de Estado: ¿le preocupa al Gobierno?
En la misma rueda de prensa, se le interrogó a la vocera sobre el informe del Departamento de Estado de EE.UU., que documenta casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión en Ecuador desde el inicio del conflicto armado interno. Jaramillo evitó responder si al Gobierno le preocupa este señalamiento, aunque reconoció que “hay sin duda medidas que buscan corregir cualquier error” y que “la ciudadanía está comprometida con el bloque de seguridad”. En todo caso la vocera señaló: “Más que preocuparle (al gobierno el informe del Departamento de Estado), le preocupa lo que está sucediendo en el Ecuador y toma medidas día a día para que esto mejore”.
Ante la repregunta sobre qué acciones concretas se han tomado para evitar torturas y ejecuciones, Jaramillo declinó responder directamente y sugirió que “lo ideal sería que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hagan un listado” de las medidas adoptadas. También sostuvo que no podía pronunciarse sobre hechos no probados dentro de las filas policiales o militares.
Sin embargo, el informe del Departamento de Estado —el mismo que Jaramillo desestimó por supuestamente no tener base probatoria— recoge testimonios de torturas y agresiones por parte de militares, incluyendo el uso de electroshocks en cárceles, y hace referencia explícita a denuncias de vigilancia y censura contra periodistas, además de ejecuciones durante operativos militares .
La gravedad del contexto ha sido también verificada por una investigación conjunta de Tierra de Nadie y CONNECTAS, titulada Operación sin rumbo, publicada este 25 de agosto; que recoge testimonios de militares en activo y pasivo, datos de la Fiscalía y documentos internos. El informe revela que entre 2023 y 2024 las denuncias por tortura se cuadruplicaron (de 52 a 195 casos), las ejecuciones extrajudiciales aumentaron de 6 a 19, y las denuncias por desapariciones forzadas pasaron de 12 a 26.
La investigación muestra cómo soldados, presionados por demostrar resultados, recurrieron a métodos ilegales para obtener información: “Les tapamos la cabeza con una funda, les cubrimos la boca y la nariz. Se les bota bastante agua. Eso les causa asfixia. Ahí dan información”, confiesa un militar entrevistado. El método descrito es una forma de tortura conocida como “submarino seco”.
Según los hallazgos, la falta de inteligencia operativa ha llevado a las Fuerzas Armadas a asumir tareas policiales sin preparación adecuada, provocando aprehensiones arbitrarias, tortura y desapariciones. La investigación documenta 43 desapariciones de personas tras ser detenidas por militares en allanamientos irregulares. Ocho de esas personas, incluidos menores de edad, fueron encontradas sin vida.
El reporte periodístico también identifica que dos protocolos obligatorios del uso de la fuerza no se están cumpliendo. “Ni las Fuerzas Armadas ni la Policía están preparadas para un contexto de guerra, peor aún de guerra urbana”, señaló para la investigación Luis Córdova, del Observatorio Ecuatoriano de Conflicto. El experto advirtió que, como en los “falsos positivos” de Colombia, los militares ecuatorianos estarían bajo presión para mostrar cifras de efectividad, incluso a costa de prácticas violatorias de derechos humanos.
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