La Armada y la Policía de Ecuador, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, incautaron 10,3 toneladas de cocaína y detuvieron a 18 personas durante una serie de operaciones realizadas en altamar.
Los cargamentos, junto con los detenidos, llegaron este domingo al puerto de Manta a bordo del buque estadounidense USCGC Seneca, donde fueron entregados a la Policía Nacional para su procesamiento.
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Las Fuerzas Armadas detallaron que las acciones conjuntas se desplegaron en siete operativos. El Ministerio del Interior precisó que, además de la droga, se destruyeron seis embarcaciones utilizadas por las redes criminales para transportar los bloques de cocaína. Los 18 detenidos son de nacionalidad ecuatoriana, y según fuentes policiales, al menos uno de ellos tenía antecedentes penales.
El coronel Wladimir Acurio, jefe policial de la provincia de Manabí, sostuvo que el valor de la droga en el mercado internacional superaría los 60 millones de dólares. “Estamos hablando de un golpe contundente a las organizaciones criminales”, afirmó, al tiempo que detalló que también se confiscaron dispositivos tecnológicos como GPS y teléfonos satelitales, herramientas esenciales para la navegación y la comunicación en mar abierto.
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Este decomiso se suma a otras incautaciones recientes. A mediados de julio, también en operaciones coordinadas con Estados Unidos, llegaron a Manta 14 toneladas de cocaína incautadas frente a las costas ecuatorianas. Según datos oficiales, en el primer semestre del año ya se habían interceptado unas 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína. El Ministerio del Interior ha calculado que, en términos económicos, las incautaciones realizadas en lo que va de 2025 representan pérdidas de más de 2.000 millones de dólares para las mafias internacionales.
Ecuador se ha convertido en los últimos años en un punto clave para el tránsito de la cocaína producida en Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales. La ubicación estratégica del país, con una extensa costa sobre el Pacífico, puertos de gran capacidad como el de Guayaquil y un sistema económico dolarizado, lo han transformado en una plataforma atractiva para el tráfico dirigido principalmente a Europa y Norteamérica. De acuerdo con Insight Crime, solo en enero de 2024 Ecuador decomisó 22 toneladas, el mayor registro mensual de ese año en toda la región, y cerró el período con más de 250 toneladas interceptadas.
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El país se ubica ya como el tercero del mundo en volumen de droga incautada, detrás de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de casi 300 toneladas en 2024.
Los decomisos en puertos son particularmente significativos. En Guayaquil, que concentra cerca del 70 por ciento de la carga de exportación del país, se han hallado grandes alijos escondidos en contenedores de productos legales como banano, camarón o atún.
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La cooperación con la Guardia Costera de Estados Unidos ha sido clave en estas operaciones. Un funcionario estadounidense señaló que los resultados demuestran el trabajo conjunto de ambos países para combatir el narcotráfico, según informó Ecuavisa.
El desafío, sin embargo, trasciende la dimensión marítima. Ecuador enfrenta también una escalada de violencia vinculada al crimen organizado, que busca disputar territorios, puertos y rutas logísticas. En los últimos años, las autoridades han denunciado la infiltración del narcotráfico en instituciones públicas y privadas, y han reforzado los controles en terminales portuarias y aeroportuarias con escáneres y tecnología de rayos X.
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La magnitud del problema no deja margen para la complacencia. Aunque Ecuador no produce coca a gran escala —los cultivos son marginales y no representan un factor determinante—, se ha convertido en un punto de tránsito esencial para el tráfico global. Según Naciones Unidas, más del 60 por ciento de la cocaína que llega a Europa occidental pasa por Ecuador en algún punto de la cadena.
Por otra parte, entre enero y julio de 2025, Ecuador sufrió un alarmante aumento de homicidios: fueron registrados 5.268 asesinatos, lo que representa un incremento del 40,36 % respecto al mismo periodo de 2024 (3.753 víctimas), marcando el semestre más violento de la última década. La mayoría de las víctimas tenían entre 25 y 34 años y los asesinatos se cometieron con armas de fuego. Incluso con medidas como despliegues militares y reformas legales más estrictas, la violencia se ha disparado, atribuyéndose en buena parte a disputas territoriales entre bandas criminales por rutas de narcotráfico.
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